Las bancadas del PAN y del PRD solicitaron al gobierno federal un informe pormenorizado de la situación que guarda el albergue “La Gran Familia” y de los niños, niñas y adolescentes que ahí vivían.
Frente a las versiones de supuestos tratos inhumanos para quienes estaban bajo el resguardo de Rosa Verduzo Verduzco, la panista Mariana Gómez del Campo Gurza solicitó datos al respecto a la Procuraduría General de la República (PGR), al Gobierno del Estado de Michoacán y al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).
La legisladora del Partido Acción Nacional (PAN) pidió información sobre el número de niños y niñas que fueron rescatados y trasladados a otros albergues del país, sus edades y cuántos hay en cada uno, así como la ubicación de los mismos.
También solicitó conocer el número de menores devueltos a sus padres y cuántos han sido sometidos a pruebas de ADN, luego del anuncio de autoridades federales de que se llevaría a cabo un censo de las personas encontradas en el albergue.
Las autoridades también habían dado a conocer que se efectuarían diligencias para que los padres reclamaran a sus hijos, y en el caso de quienes carecieran de documentación se les practicaría un examen genético para determinar su situación jurídica.
A su vez, la senadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Angélica de la Peña Gómez, exigió que en este caso se aplique la ley sin sesgos ni presiones.
“Parce que ya no era posible volver a vivir un asunto parecido a Casitas del Sur, que conocimos muy bien. Sin embargo, el caso de la Gran Familia es mucho peor; hay violaciones a niñas, niños, además de la privación ilegal de la libertad de personas que nacieron ahí, nunca salieron. Denota, además, una gran complicidad de todas las autoridades”, consideró.
Las senadoras consideraron necesario que las autoridades den a conocer cuál es la situación jurídica y operativa del albergue y cuáles serán las acciones de seguimiento y protección de los menores que fueron reubicados.