El Senado de la República avaló en lo general y en lo particular  la ley reglamentaria de Derecho de Réplica, por lo que fue remitida al Ejecutivo federal para su publicación.

 

El proyecto aprobado en el Pleno, otorga al ciudadano y a las personas morales, instrumentos jurídicos que les permitan exigir a los medios de comunicación masiva, la rectificación de información falsa cuya divulgación le cause un agravio ya sea en el ámbito político, económico y personal.

 

En el nuevo ordenamiento, se incluye la regulación de los procedimientos que aseguran el cumplimiento de este derecho, estableciendo los plazos para la presentación y resolución de solicitudes, así como algunas excepciones por parte de los medios de comunicación para la publicación o transmisión de la réplica, entre ellos, cuando sea ofensiva o contraria a las leyes.

 

Además, contiene el catálogo de sanciones, con multas superiores a los 700 mil pesos a quienes se nieguen a cumplir con las sentencias, para difundir las réplicas o lo hagan fuera del plazo establecido.

 

Al fundamentar el dictamen, la senadora Cristina Díaz Salazar (PRI), presidenta de la Comisión de Gobernación, destacó que esta nueva ley da certeza a los derechos individuales y de asociación para solicitar el derecho de réplica de manera eficaz y responsable ante las necesidades que se deben cubrir para garantizar el derecho a la información veraz y objetiva.

 

Desde el PAN, la senadora Pilar Ortega Martínez, calificó como necesaria la reforma en materia de derecho de réplica, y resaltó que debe existir un equilibrio entre el derecho a la libre expresión y el derecho de réplica para salvaguardar la integridad de las personas y su imagen.

 

En contra del proyecto se pronunció el senador del grupo parlamentario del PRD, Alejandro Encinas Rodríguez, al afirmar que contiene postulados contradictorios y poco claros, además de quedarse limitado en lo que se refiere al derecho de las audiencias.

 

En tanto,  el senador por el PRD, Mario Delgado, dijo que esta ley está lejos de convertirse en un modelo de protección de derechos humanos.

 

Por su parte, la senadora Martha Tagle indicó que la ley no fue discutida a profundidad y que desde 2013, cuando la envió la Cámara de Diputados,  no ha recibido modificaciones.