A un mes de presentar el Programa de Reorganización Administrativa previsto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Senado de la República no ha implementado dicha reglamentación, dejando pendiente -entre otras obligaciones- la de transparentar las prestaciones, apoyos y recursos que reciben los legisladores a través de sus grupos parlamentarios.
Fue el pasado 31 de agosto cuando el Senado publicó el programa, a fin de definir los instrumentos para transparentar los ingresos, prestaciones, apoyos y recursos en dinero o especie que reciben los legisladores; el régimen laboral del personal adscrito a los grupos parlamentarios y las comisiones; así como las reglas relativas al uso y administración de los recursos públicos que no tengan la condición de dietas o contraprestaciones laborales. Sin embargo, desde esa fecha, dicho programa está pendiente en su implementación, porque aún se discuten los criterios para hacerlo aplicable.
Así lo confirmó el secretario general de Servicios Administrativos del Senado, Roberto Figueroa Martínez, quien en entrevista con 24 HORAS dio a conocer que se están trabajando en las especificidades del nuevo régimen administrativo, a fin de garantizar el cumplimiento de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información.
En ese sentido, adelantó que se tiene previsto presentar a más tardar el 8 de octubre, un programa completamente definido, el cual contendrá las normas y criterios para la homologación programática, presupuestal, contable y organizacional de este órgano legislativo.
Figueroa Martínez detalló que dicho proyecto será presentado, en la primer semana de este mes, a la Mesa Directiva que preside el senador Roberto Gil Zuarth, órgano que a su vez lo pondrá a disposición de la Junta de Coordinación Política para que los grupos parlamentarios que integran esta Cámara acuerden los criterios para el cumplimiento de las nuevas obligaciones en materia de transparencia a las que están sujetos.
Criterios
Fuentes consultadas por 24 HORAS revelaron que aun cuando ya está por concluirse el nuevo programa de reorganización administrativa del Senado, son los grupos parlamentarios los que no han logrado definir los criterios para transparentar las subvenciones concedidas a sus legisladores.
A la fecha, las bancadas que integran esta Cámara no han logrado los consensos necesarios para uniformar el método para hacer pública la información sobre el uso de recursos, porque cada grupo administra de manera diferente las subvenciones, debido a que no existen criterios legales que los obligue a llevar un ejercicio uniforme.