La continuidad de los trabajos del desarrollo habitacional en Tajamar dependen de que la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) renueve los permisos ambientales a las constructoras, sin embargo, los criterios que dictan la reforma de 2007 a la Ley General de Vida Silvestre prohíben cualquier actividad que afecte a los manglares.

 

Francisco Javier Silva, abogado ambientalista, académico del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente y quien lleva 20 años trabajando en el sector ambiental y gubernamental (como en la Fundación Natura Vivente AC), explicó que si bien los permisos originales fueron otorgados en 2005, una posible renovación de Semarnat tiene que tomar en cuenta la ley vigente que protege a los manglares.

 

“La legislación cambió y al no haberse efectuado las obras y actividades de forma previa, las autoridades estaban obligadas a valorar su viabilidad al tenor de las leyes vigentes, independientemente de que se tratara de una renovación de una autorización anterior. No es una cuestión de retroactividad de la ley sino de legalidad”, dijo Silva.

 

Los permisos expedidos en julio de 2005 permiten la tala de un polígono de 58.9 hectáreas del manglar de Tajamar para la construcción de casas, áreas comerciales y vías de comunicación cuando el manglar no estaba protegido. Dichos documentos fueron renovados en febrero de 2009 y expiran el próximo 7 de febrero.

 

Silva explicó que las empresas promotoras del desarrollo tuvieron casi 11 años la oportunidad de talar, rellenar y construir las casas en el manglar, cosa que hicieron a medias. Por eso, si quieren completar la obra deben de renovar los permisos ante la Secretaría de Medio Ambiente.

 

El cambio al que se refiere el abogado es la reforma al artículo 60 TER de la Ley General de Vida Silvestre de febrero de 2007, el cual que prohíbe cualquier actividad que afecte a los manglares, por lo que a consideración del abogado los criterios para valorar los nuevos permisos deben de apegarse a este reforma.

 

Suspensión temporal

 

Los trabajos en el manglar están suspendidos por la orden judicial del juez segundo de distrito, quien consideró que Fonatur incumplió con el programa de manejo de vida silvestre al dejar a cinco cocodrilos en el polígono deforestado; hasta no reubicarlos, la suspensión sigue.

 

A la par de esta suspensión, grupos ambientalistas interpusieron 14 amparos solicitando el cese definitivo del proyecto bajo el argumento de que es un daño ambiental grave en perjuicio de los habitantes de Cancún.

 

Por el momento, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente es la única instancia gubernamental que ha iniciado un proceso legal por la tala en Tajamar, esto con dos denuncias penales contra la empresa Bi&Di Real Estate de México (empresa que taló el manglar), la cual realizó trabajos de relleno sin permiso dentro de un predio de nueve hectáreas.