La entrega del Seguro Popular y otros apoyos de salud a los mexicanos por parte del gobierno promueve la informalidad en la economía mexicana, advierte el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).

 

“Es necesario llamar la atención sobre el hecho de que la informalidad va de la mano con el crecimiento de afiliados al Seguro Popular, lo cual debe atenderse más que nada porque la opción de este tipo de aseguramiento puede ser un incentivo para abandonar la formalidad y migrar a la protección de salud gratuita y altamente subsidiada por el Estado”, afirma Francisco J. Gutiérrez-Zamora Ferreira, presidente del Comité Técnico de Seguridad Social del IMEF.

 

El consultor señala que es evidente que gran parte de la población mexicana está cubierta por un esquema de aseguramiento público cuando menos en lo que se refiere a servicios de la salud.

 

“Al menos 72.1 millones de personas (derechohabientes del IMSS e ISSSTE) son beneficiarios de servicios de salud –más otros rubros- con motivo del reconocimiento formal de una relación laboral y por el aporte de cuotas más altas y sujetas a la fiscalización”, dice.

 

“Mientras que 67.5 millones de beneficiarios del Programa IMSS-Oportunidades o afiliados al Seguro Popular gozan prácticamente los mismos servicios de salud estando en la informalidad, en dado caso a un costo mucho menor y con la tranquilidad de no ser fiscalizados”, señala.

 

Agrega que es urgente alertar sobre el alto volumen de afiliados al Seguro Popular, en paralelo a los altos índices de informalidad en nuestro país, lo cual parece abonar a la falta de competitividad y de crecimiento económico.

 

El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi) reporta que la población económicamente activa (PEA) en México, entendida ésta como la población de 14 años y más en condiciones de trabajar es de 49.5 millones de personas.

 

“De ese universo, 29.3 millones de, o sea, cerca del 59%, se encuentran en condiciones de informalidad (14.2 millones se reportan en el sector informal, es decir en empresas o negocios de hogares sin registros contables-, y 15.1 en el empleo informal – trabajadores asalariados de empresas, gobierno, e instituciones, personal de trabajo doméstico y personal del ámbito agropecuario”, detalla.

 

Los empleados también renuncian a otros grandes beneficios para los trabajadores y para la economía formal, en específico el de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, señala Gutiérrez-Zamora Ferreira.

 

Recuerda que al renunciar al seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez se genera en automático un costo a futuro para el sostén de los gastos de subsistencia, cuando menos los mínimos indispensables- de esa población que queda sin siquiera la posibilidad de generar una pensión o mínimo un ahorro para su vejez.

 

“Dicho costo lo deberá asumir el Estados con impuestos de los contribuyentes, los entonces cautivos o con deuda, con todas las consecuencias económicas negativas que ello pueda tener”, alerta.

 

“La problemática más grave que se vislumbra en materia de seguridad social hoy en día es abandonar la idea de que es más atractivo vivir de viejo al amparo de las dádivas del Estado o bajo la protección incierta e incómoda de la familia que ahorrar para la vejez”; menciona Francisco J. Gutiérrez-Zamora Ferreira.

 

 

67.5 millones de beneficiarios del Programa IMSS-Oportunidades o el Seguro Popular

29.3 millones de mexicanos laboran en la informalidad, según el Inegi