Jennifer, Mateo, Pitufo, Paco, María Fernanda son los seudónimos o apodos de un grupo de personas utilizados por la Procuraduría General de la República (PGR) en los últimos años para acusar o llevar a la cárcel a ex servidores públicos de alto nivel, por presuntos nexos con el narcotráfico.
El problema para la PGR es que en los juzgados todos esos casos se han caído sistemáticamente, debido a que el Ministerio Público no ha podido comprobar que las aseveraciones de estos informantes son reales, pues se hicieron bajo la protección y ventajas de la figura del testigo colaborador, comúnmente denominada testigo protegido.
El Michoacanazo, donde se detuvo a varios alcaldes, las acusaciones contra el ex alcalde de Cancún Greg Sánchez o los procesos contra altos mandos policiacos, como Javier Herrera Valles y Víctor Garay Cadena, son algunos de los casos en que se usaron a uno o varios de estos testigos. Todos estos casos se le cayeron a la PGR.
La situación ahora es que hay procesos o averiguaciones en curso, como el de los ex generales presos por vínculos con el crimen organizado, el de los ex gobernadores de Tamaulipas -investigados por favorecer al Cartel del Golfo- e incluso el de la denominada Operación Limpieza, que siguen pendientes y que se sustentaron con declaraciones de estos mismos testigos.
El artículo 35 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada establece que los delincuentes que colaboren con la autoridad ministerial o judicial brindando información, que permita la consignación o sentencia de líderes o cabecillas del crimen organizado, recibirán beneficios, como la reducción de hasta dos terceras partes de la pena que les corresponde.
Este beneficio es el que han buscado aprovechar los testigos colaboradores que ha usado reiteradamente la PGR; sin embargo, la información que han proporcionado no ha servido para sostener los procesos.
Los fracasos
Para el llamado Michoacanazo, que consistió en al detención de 11 presidentes municipales de Michoacán y 16 ex funcionarios de ese estado en mayo de 2009, la PGR utilizó en el pliego de consignación los dichos de Pitufo y Paco, ambos ex colaboradores del Cártel del Golfo y de Los Zetas.
Con memoria casi fotográfica, dieron la lista de todos los funcionarios michoacanos, luego los reconocieron y los acusaron formalmente de recibir dinero del narcotráfico. Sin embargo, casi nueve meses después, los jueces dejaron en libertad a todos los ex funcionarios, pues ningún dicho se pudo comprobar.
En noviembre de 2008, y en acciones distintas, fueron detenidos el ex Coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal, Javier Herrera Valles, y el ex comisionado de la misma corporación, Víctor Garay Cadena, por supuestos actos de corrupción y vínculos con la organización de los Beltrán Leyva.
Jennifer, Mateo, Pitufo, Paco, María Fernanda fueron utilizados en ambos casos para sustentar las acusaciones que dieron paso a sentencias de jueces de primera instancia. Pero este año, ambos quedaron en libertad luego de que los Tribunales resolvieron que lo dicho por los testigos no tenía sustento alguno.
El ex alcalde de Cancún, Gregorio Sánchez, fue detenido el 25 de mayo de 2010, cuando aspiraba a al gubernatura del estado, acusado de supuesto lavado de dinero, luego de que Pitufo lo acusó de recibir miles de dólares de Arturo Beltrán Leyva. Un año después, un Tribunal anuló la formal prisión y Greg Sánchez recuperó su libertad.
En riesgo
El ex general Tomás Ángeles Dauahare – quien aspiraba a la Secretaría de la Defensa-, junto con otros cuatro generales y dos mayores del Ejército se encuentran actualmente en prisión y bajo proceso penal, acusados de colaborar con los Beltrán Leyva y Los Zetas. Las imputaciones son hechas por los testigos Jennifer y María Fernanda.
Los ex gobernadores de Tamaulipas, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, y una red de más de 30 empresarios, son investigados desde 2009 por lavar dinero del Cártel del Golfo. Entre los testigos protegidos utilizados en el caso se encuentra Pitufo, quien dijo que se construyeron fraccionamientos de lujo con ganancias del tráfico de drogas a EU.
El ex zar antidrogas, Noé Ramírez Mandujano, fue detenido en noviembre de 2008 en el marco de la Operación Limpieza, luego de que Jennifer y Pitufo lo acusaron de complicidad con los Beltrán Leyva. Desde esa fecha, el funcionario sigue en prisión, sin que se le haya podido dictar una sentencia.
Testigos Omnipresentes
Jennifer
Roberto López Nájera
Organización: Beltrán Leyva
Pitufo
José Salvador Puga Quintanilla
Cártel del Golfo/Los Zetas
María Fernanda
Richard Arroyo Guízar
Organización: Beltrán Leyva
Paco
José Luis Sánchez
Cártel del Golfo/Los Zetas
Tigre
Édgar Bayardo del Villar
Organización: Beltrán Leyva
Denuncia ex gobernador uso de testigos
Los abogados del ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, presentaron una denuncia de hechos ante la PGR en contra de las autoridades que resulten responsables, por la presunta utilización indebida de testigos protegidos para formular acusaciones que, según la defensa, no tienen fundamento.
Diego Arévalo advirtió que la orden de aprehensión en contra de Yarrington estaría sustentada en los dichos de testigos que ya han sido usados también en otros casos, como el del ex general Tomás Ángeles Dauahare, con la única finalidad de lograr la consignación de averiguaciones previas sin que se compruebe si existieron los delitos.
“Tenemos el caso, por ejemplo, el caso de un testigo que se utiliza indistintamente en el asunto que nos ocupa, el del licenciado Yarrington, también está involucrado en el asunto de los generales y en otros asuntos (…) resulta increíble que una persona tenga manejo y conocimiento de tantos hechos”, apuntó.
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