El Maestro Juan José Olea, Coordinador General del Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia capitalina, habla en su oficina sobre los avances en la capacitación de funcionarios públicos para la aplicación del Nuevo Sistema Penal Acusatorio.
También se da tiempo para explicar los privilegios para la víctima y para los inculpados de frente a un nuevo sistema procesal que exige el respeto a los derechos humanos, que pretende acabar con la tortura y dejar atrás la era de los presuntos culpables para iniciar una etapa que privilegia la presunción de inocencia.
Maestro, ¿Cuáles son las novedades en el Instituto en cuanto a la capacitación para el Nuevo Sistema Penal Acusatorio?
El Instituto de Formación Profesional, de la Procuraduría General de Justicia del DF, es el ente que se encarga de la capacitación del personal e nuevo ingreso y de la capacitación y actualización del personal activo policial, pericial y ministerial.
En ese marco y derivado de la Reforma Constitucional de 2008, en materia penal, el DF se preparó para que el pasado 16 de enero iniciáramos con esa Reforma Constitucional en la implementación del Sistema Penal Acusatorio y Adversarial que cambia los principios del Sistema Inquisitivo mixto a un sistema moderno donde hay principios, que a diferencia del sistema mixto, cabe destacar, por ejemplo, la presunción de inocencia, se investiga para detener y no se detiene para investigar. Toda persona es inocente hasta que no se demuestre lo contrario por la parte acusadora.
Otro principio que distingue al Sistema Acusatorio es la oralidad, transparencia, publicidad, visibilización de la actuación del servidor público. En todas las audiencias tiene que estar el juez de Control o de juicio oral.
En este momento, ¿Por qué es importante ese cambio?, sabemos que entraría en vigor en diciembre, pero ¿cuál es el significado para la gente común que no entiende esos temas?
Para la ciudadanía, en un lenguaje claro, significa que los juicios van a ser públicos, donde se visibiliza la actuación de los servidores públicos, se fortalece el respeto a los derechos humanos y algo muy importante, se fortalecen los derechos de la víctima a través de una justicia pronto, eficiente y eficaz a través de la reparación del daño.
Por un lado tenemos la protección y garantía del imputado para un debido proceso, pero por otro lado, para la víctima del delito, la certeza de que va a tener a un asesor jurídico que le va a acompañar en todo el proceso penal.
En una primera etapa la ciudadanía debe conocer y saber que no todo es cárcel para el acusado o el imputado cuando se comete un delito. Antes de la cárcel está primero la protección de sus derechos, la reparación del daño, de nada sirve tener a una persona que por primera ocasión comete delitos, y llevarlo a la cárcel cuando se puede llegar a un acuerdo reparatorio, a una conciliación donde la víctima recupera lo que le fue sustraído y por otra parte al inculpado se le da la oportunidad de seguir desarrollándose en el medio de manera positiva y no caer en la posibilidad de contaminarse en una situación de encierro.
Y por otro lado se despresuriza al sistema penal para que los delitos de alto impacto como los secuestros, homicidio, narcomenudeo, trata, sean atendidos con mayor diligencia y mayor atención del Ministerio Público toda vez que ya no va a distraerse en la resolución de investigaciones de delitos que no tienen impacto social o impacto en los derechos humanos de las personas y que son de cuantía menor, que si bien es cierto hay que sancionarlos, no necesariamente hay poner en marcha todo el aparato estatal para investigar un delito culposo o de querella que puede ser resuelto de manera temprana.
¿Qué otras ventajas tiene el Nuevo Sistema Penal?
El Sistema de Justicia Penal Acusatorio también admite, en la fase intermedia, que podamos optar por un juicio abreviado que reduce hasta en una tercera parte la consecuencia jurídica que pueda tener por un hecho ilícito a través de una sentencia donde el imputado reconoce haber participado en el delito y hay instrumentos o aparatos de prueba que acreditan esa responsabilidad. Eso es fundamental cuidarlo porque de lo contrario volveríamos a caer en poner al centro de la atención a la confesión como reina de las pruebas, ahora se requiere la aceptación del imputado, pero también se requiere la comprobación de que así fue.
Maestro, ¿quiere decir que con esta opción penal se evitaría la confesión forzada o la tortura, si es que existiera en algunos casos, para obligar al inculpado a que rinda una declaración falsa?
En el Sistema Acusatorio la obtención forzada, a través de cualquier medio de coacción, involucra necesariamente una declaración por parte del juez. Si hay una puesta a disposición hay un detenido y si este interpone una queja por tortura, la tortura es un delito que se investiga en la Procuraduría a través de la Fiscalía para Servidores Públicos, actualmente se investiga, pero en el Sistema Acusatorio es una violación al debido proceso, por lo tanto, si hay violaciones al debido proceso corremos el riesgo, como Procuraduría, que la autoridad judicial los ponga en libertad y ya no se pueda llevar un nuevo enjuiciamiento toda vez que nadie puede ser juzgado por un mismo delito en dos ocasiones.
Pero también hay personas muy mañosas que cuando conocen estas opciones pueden acusar injustamente al servidor público de tortura para evadir a la justicia.
Por eso es que hay un Comité Interdisciplinario en la Procuraduría que aplica el protocolo de Estambul para investigar, precisamente, si efectivamente la lesión física o psicológica se debe a algún caso de tortura, para eso existen los medios necesarios porque sí tenemos muchas simulaciones.
El día de hoy estamos en un taller interdisciplinario con un acuerdo que existe entre México y Chile, para capacitar al personal de ambos países, en el caso de Chile en base a su experiencia en el Sistema Acusatorio, ellos ya lo aplican y hasta el momento ha sido una de las mejores prácticas que se han implementado a nivel internacional y por eso es que están aquí, con nosotros, en coordinación con la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación de la Reforma del Sistema de Justicia Penal que depende de la Secretaría de Gobernación, pero lo que cabe destacar es que están aquí representadas las entidades federativas como Baja California, Sur, Colima, Nayarit, Michoacán, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y el Distrito Federal. ¿Quiénes se están capacitando? Jueces, defensores, Ministerios Públicos y Policías.
También se está capacitando al personal de la Policía Federal a través del fondo del Plan Mérida, en el Sistema Acusatorio, y al Instituto estamos llevando a cabo una capacitación integral en coordinación con el Tribunal Superior de Justicia del DF y la Defensoría Pública y la Procuraduría, y es una capacitación que se lleva a cabo con casos concretos, casos reales, para que en su momento no nos vaya a sorprender alguna innovación o alguna novedad que no se haya considerado durante la capacitación.
También estamos trabajando con la Secretaría de Seguridad Pública en todo lo que son las puestas a disposición de la Policía Preventiva con el Ministerio Público porque una de las fallas en el Sistema Acusatorio radica en que si hay violaciones al debido proceso o una dilación en la puesta a disposición por la inmediatez, la idea es cuidar que esa puesta a disposición reúna los estándares y se apegue al protocolo de puesta a disposición que tiene la Procuraduría del DF y no caigamos en alguna hipótesis donde ponemos a disposición y el juez de control decrete la libertad inmediata porque la puesta a disposición fue ilegal, por ejemplo.
Me han tocado casos en el Estado de México, de revisarlos, donde a la persona se le pone en inmediata libertad porque simple y sencillamente, porque en el operativo que hizo la Policía y se le decomisaron ciertas dosis de droga en flagrancia, no tenían un oficio que acreditara que tenían que estar en ese operativo y con eso, no tenían la facultad técnicamente, para detener a alguna persona y por lo tanto el juez decreta la inmediata libertad. Entonces, esa parte de la capacitación la estamos cuidando con la Policía Preventiva y la Procuraduría para que el Policía, en sus informes, pueda dar elementos que sirven al Ministerio Público, para acreditar al juez de control la legalidad de la detención.
Entonces, ¿son cuatro los cursos que se están dando simultáneamente?
No, aquí para el Sistema Acusatorio que va a entrar con los delitos de Alto Impacto, estamos capacitando, de julio a diciembre, a 3 mil 445 servidores públicos de la Procuraduría y se están impartiendo más de 90 cursos de capacitación sobre medidas cautelares, sobre técnicas de litigio en el juicio oral, sobre carpeta de investigación, en materia de derechos humanos, en fin, tenemos una gran dinámica de capacitación, pero adicionalmente se está llevando la capacitación integral que trasciende a los salones de clase con instalaciones que promueven la incorporación de la enseñanza desde la perspectiva del saber hacer, no solamente le enseñamos a las personas que se están capacitando cómo hacer su trabajo, sino más bien, que ellos vayan a la práctica y que lo hagan, que es una forma más eficiente de aprender a trabajar para policías, peritos y MPs
Por ejemplo, ahorita está aquí en el cubículo posterior, Jaime Arellano, director del Centro Jurídico para las Américas donde, a nivel internacional tienen mucho prestigio y están dando esa capacitación y aquí mismo en el Instituto participan jueces, magistrados, ministerios públicos de Chihuahua, de Nuevo León, de Morelos que ya están operando el sistema acusatorio y que vienen a poner en práctica de las y los servidores públicos, esos conocimientos y su experiencia.