Con un sueldo inicial de 47 mil pesos mensuales, sin título profesional de por medio y con un cargo que no ha sido especificado, pero que dependía directamente de la Oficina del Procurador, fue como comenzó su vertiginosa carrera laboral en la PGR Margarita Silvia Vázquez Mota, hermana de la candidata presidencial Josefina Vázquez Mota.

 

Así lo evidencian documentos de la Oficialía Mayor de la Procuraduría General de la República (PGR) a los que 24 HORAS tuvo acceso, y en los que se confirma que Margarita Vázquez, quien ayer presentó su renuncia,  percibió durante sus primeros 15 meses de trabajo, casi 700 mil pesos en total por concepto de sus honorarios. Esta información contradice lo que dijo el martes la PGR al referirse a que siempre trabajó realizando tareas de atención a víctimas.

 

De acuerdo con la información dada a conocer oficialmente por la propia dependencia, la hermana de la candidata presidencial se desempeñó desde su ingreso a la PGR en 2008 en “funciones relacionadas directamente con la atención a víctimas”, hasta que llegó a la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), donde ocupó un cargo directivo.

 

Sin embargo, durante 2008 y 2010, la funcionaria señaló en sus declaraciones patrimoniales que trabajaba en un área no especificada de la PGR pero que además laboraba en “Fundación Nemi” donde realizaba trabajos de prevención, e incluso colocó la dirección de esa fundación como su sitio de trabajo.

 

Los documentos de la Oficialía Mayor de la PGR revelan que al menos de octubre de 2008 a diciembre de 2009, Margarita Silvia Vázquez Mota no estuvo adscrita a la Subprocuraduría de Atención a Víctimas, pero sí a la Oficina del Procurador, puesto que en ese entonces ocupaba Arturo Chávez Chávez.

 

El contrato de honorarios que firmó la hermana de la candidata contempló un salario mensual de 47 mil 890 pesos fijos, que sumado a los aguinaldos y otros incentivos le significó a la ex funcionaria un sueldo total de 143 mil 670 pesos por sus tres meses de trabajo en 2008, y 550 mil 735 pesos por su labor durante todo 2009.

 

En la relación de pagos de honorarios del año 2010, Vázquez Mota ya no aparece adscrita a la oficina del procurador o a alguna otra área, por lo que se presume que pasó a formar parte de la nómina de empleados de confianza, aunque no se ha dado a conocer en que área.

 

Ni la PGR ni la misma ex servidora pública han precisado el cargo específico al que estuvo adscrita en la Oficina del Procurador, y sólo existe claridad sobre su puesto como Coordinadora de Información y Políticas Públicas de la Fevimtra, responsabilidad que ocupó a partir de enero de este año.

 

Respecto a sus actividades durante los tres años y medio que laboró Margarita Vázquez en la dependencia federal, sólo se ha precisado que fueron tareas relacionadas con el apoyo a víctimas, y en la definición de lineamientos, diseño, promoción e instrumentación de programas de políticas públicas de la Fevimtra.

 

Incurrió en un delito

 

En su edición del miércoles, 24 HORAS reveló un documento oficial de Fevimtra que Margarita Silvia Vázquez Mota firmó como “Licenciada”, pese a que no cuenta con un título profesional que sustente alguna carrera cursada, pues sus únicos estudios son en diseño gráfico y se encuentran truncados.

 

– Este es un delito contemplado por al artículo 250 Fracción II del Código Penal Federal, denominado usurpación de profesión.

 

– Incurre en ese ilícito, dice la normativa, quien ”sin tener título profesional o autorización para ejercer alguna profesión reglamentada, expedidas por autoridades u organismos legalmente capacitados para ello, conforme a las disposiciones reglamentarias del artículo 5 constitucional, se atribuya el carácter de profesionista  / realice actos propios de una actividad profesional”.

 

– Se trata de un delito no grave, que de acuerdo con el Código Pernal, merece una pena de prisión que va de 1 a 6 años de cárcel, y una multa de 100 a 300 días del salario mínimo vigente.

 

– Pese a que la servidora pública ya renunció a su cargo, la conducta delictiva permanece y debe ser investigada si se presenta la denuncia correspondiente, según lo explicado a este diario por  abogados.