En los últimos años a Pemex lo saquearon. Las pérdidas se calculan en por lo menos 300 millones de dólares, sólo por el robo de gas condensado. Las empresas beneficiadas con la compra del producto a cárteles mexicanos fueron las principales firmas de Estados Unidos, quienes a pesar de las pruebas en su contra y de los beneficios que recibieron se niegan a resarcir el daño causado desde hace tres años. Apenas hace unas semanas la paraestatal inició un nuevo intento para cobrarle a por lo menos 14 compañías, a través de un juicio civil en la Corte de Texas.

 

“De no existir un mercado negro en los Estados Unidos para este combustible, y particularmente en Texas, no habría motivo para los robos y violencia que está sucediendo en México”, sentencian los documentos de la Corte.

 

En México, desde hace más de dos años, la Procuraduría General de la República (PGR) inició una averiguación previa por el robo del gas en esa zona, pero ninguna persona ha sido detenida ni sometida a juicio.

 

Además, falta que Pemex inicie una investigación administrativa para determinar las responsabilidades de sus funcionarios o de las empresas concesionarias, por no alertar a tiempo de la sustracción del gas y permitir que durante tres años se perdiera el 40% de la riqueza de la Cuenca de Burgos, que era el yacimiento más importante del país.

 

Entre 2009 y 2010 fue conocida la dimensión del caso por parte del gobierno mexicano, alertándolo de la capacidad de los cárteles de la droga para dedicarse a la comisión de otros delitos, utilizando, como en este caso, la mejor y más novedosa tecnología e ingeniería para hacerlo.

 

A pesar de ello y de los reportes del robo y control del mercado de petróleo, gasolinas y diésel en estados como Tamaulipas, algunas zonas de Veracruz y Sinaloa, Pemex sólo presentó demandas en Estados Unidos contra las empresas que compraron los hidrocarburos robados y en varios casos obtuvo el cobro de daños.

 

Pero las pesquisas iniciadas en la PGR, que incluían a personal de la paraestatal, aduanas y a grupos delictivos, como Los Zetas y el Cártel del Golfo, no arrojaron personas detenidas y mucho menos sentenciadas después de cuatro años.

 

A partir de los documentos y consulta a fuentes del gobierno mexicano, 24 HORAS cuenta la historia completa que involucra a cárteles de la droga y a 14 de las más importantes empresas de gas de Estados Unidos.

 

Se trata de un delito que, de acuerdo a lo que sugieren los documentos, podría continuarse cometiendo en otros ductos de gas pertenecientes a Pemex.

 

La conspiración

 

El saqueo comenzó en 2006 y Pemex lo detectó hasta 2009. Durante esos tres años, los cárteles, que desde hace más de una década se dedicaban sólo al tráfico de drogas en la zona de Tamaulipas y por la franja del Golfo de México, amplificaron sus negocios, en este caso, al robo de gas en la Cuenca de Burgos, para su venta en Estados Unidos.

 

Los grupos criminales consumaron el robo del 40% de la producción de gas natural condensado de la cuenca de Burgos, primero a punta de pistola, luego evolucionaron y construyeron ductos clandestinos directamente de la zona de producción.
De acuerdo con las demandas interpuestas en los Tribunales del Distrito Sur de Texas, desde 2010 son cerca de 14 compañías petroleras con instalaciones en Estados Unidos, como SHELL o BASF, las involucradas en la compra del gas natural condensado, el cual, en su forma líquida, se utiliza en procesos de refinación de alta especialidad.

 

Entre las empresas involucradas se encuentran algunas que, incluso, conspiraron, de acuerdo con Pemex, para introducir ilegalmente a territorio estadunidense el producto robado por los narcotraficantes, a través de la falsificación de documentos y pago de sobornos.

 

Entre 2006 y 2009, periodo en el que se documentó  el comercio de gas robado en las denuncias, con apoyo incluso de intervenciones telefónicas hechas por agentes federales de EU, la paraestatal mexicana dejó de comercializar el gas condensado, a través de sus subsidiarias. Por ello, la sola presencia del combustible de Pemex en ese país “es prueba fehaciente de que el mismo fue robado”, señalan los documentos.

Alta tecnología
Con una extensión de 70 mil kilómetros cuadrados, similar al territorio de Irlanda, por ejemplo, la Cuenca de Burgos, denominado oficialmente Activo Integral Burgos, es el área de mayor extracción de gas del país. Su producción promedio supera los mil 500 pies cúbicos de gas al día.

 

Pero es precisamente su extensión, que incluye zonas de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, combinado con un insuficiente mecanismo de vigilancia y la posible negligencia por acción u omisión de funcionarios de la paraestatal, lo que facilitó los robos de los cárteles.

 

La forma de operar de estos grupos se describe en las denuncias civiles presentadas en los tribunales. Primero comenzaron con asaltos a mano armada a los operadores de pipas de gas, mecanismo que no dejaron de utilizar.

 

Después los grupos evolucionaron. Los robos se cometieron a través de ductos clandestinos instalados por los propios narcotraficantes y, para ello, construyeron túneles subterráneos fuera de la vista de testigos, para llegar a ellos.

 

Esos ductos, algunos de ellos catalogados por Pemex como de alta tecnología, conectan con varias de las 52 estaciones de transferencia del gas que contiene el complejo de Burgos, succionando así el combustible.

 

Al descubrir el saqueo, Pemex invirtió en mecanismos de seguridad, como cámaras y equipos electrónicos que detectan caída de presión en los ductos cuando se extrae de ellos el gas. También se desplegaron elementos de la Armada por tierra y en helicópteros. Pero pese a todos los recursos utilizados, las autoridades casi siempre llegan tarde.

 

“Los cárteles están bien financiados y son implacables en su operación”, sentencia uno de los anexos de pruebas de la demanda en EU.

 

La frontera

 

Tras el robo, el gas extraído de la Cuenca de Burgos era colocado en pipas improvisadas que llegaban a las cercanías de la frontera, donde era intercambiado a camiones cisterna que simulaban cumplir con las regulaciones para el transporte de hidrocarburos.

 

Los delincuentes mexicanos, con apoyo de sus cómplices estadunidenses, falsificaban los documentos de exportación e importación, entre ellos los certificados de Pemex Exportación y Producción (PEP) y la clasificación, de forma errónea, del hidrocarburo que llevaban, porque el gas condensado no es vendido por la paraestatal. Finalmente, recurrían a sobornos del personal en aduanas, para reducir la posibilidad de que se fuera retenido el producto en la frontera.

 

En febrero de 2009, agentes del ICE y del Departamento de Seguridad Interna de EU grabaron la conversación telefónica que sostuvieron, en un restaurante de Houston empleados de dos de las compañías intermediarias involucradas, Murphy Energy y Continental Fuels, y en la que los investigadores confirmaron cómo era introducido el gas a territorio estadunidense.

 

“Durante ese encuentro los involucrados discutieron diversos temas, entre otros, que el gas era introducido ilegalmente, que el mismo fue robado a Pemex por los cárteles y que se falsificaron papeles y se sobornaron a oficiales para introducirlo al país”, revela la demanda.

 

Apoyo criminal

 

“Todos los acusados han participado y se han beneficiado, consciente o inconscientemente, del tráfico de gas robado a Pemex en Estados Unidos y con ello alientan que el crimen organizado siga hurtándolo en México”, sentencian los fiscales en la demanda.

 

Fue así que las investigaciones de las agencias estadunidenses, tras las demandas de Pemex, pusieron al descubierto una compleja red en la que están involucradas, por lo menos, 14 empresas ubicadas en ese país y que permitió que el gas natural mexicano fuera traficado, almacenado y vendido, sin la autorización de la paraestatal que ni siquiera comercializa ese combustible.

 

El rol de las empresas

 

Las compañías estadunidenses, en esta telaraña de complicidades, tenían distintos roles, tres en específico, aunque algunas cumplían con más de un papel, de acuerdo a las investigaciones documentadas en el juicio civil.

 

Es así que primero se encuentran los “importadores” que se encargaban de sustentar las operaciones para introducir el gas por la frontera y entre esos figuraban empresas como Petro Salum o Muyphy Energy.

 

Los “coordinadores” que trabajan con los importadores para dirigir el gas hacia sitios donde pudiera ser almacenado antes de ser entregado. En esta etapa participaban la mayoría de las compañías, tales como Continental Fuels, Valley Fuels,  Big Star y F & M.

 

Las pruebas evidencian que para el transporte ya en territorio estadunidense del gas condensado, se usaron desde camiones cisterna, hasta barriles transportados en embarcaciones, por ejemplo entre Port Brownsville y Porto Arthur, ambos en Texas.

 

Los “usuarios finales” son aquellas empresas de mayor envergadura que adquirieron el gas condensado de lo que supusieron era Pemex Exportación y Producción para sus plantas o procesos, sin que al parecer o al menos se hubiera demostrado, que sabían que era robado. En esa situación se encuentran el gigante químico BASF, la división e Shell denominada Shell Chemical, la trasnacional Conoco Phillips, entre otros.

 

El nudo legal

 

Desde 2010, Pemex ha promovido al menos tres demandas de corte civil en los tribunales de Houston, para buscar que las compañías de las que se demostró su participación en el traslado, venta y compra de gas mexicano robado le reparen económicamente el daño causado, que fue calculado en al menos 300 millones de dólares. Pero hasta ahora no lo ha conseguido.

 

Aunque el proceso legal también muestra que la paraestatal ha llegado a acuerdos con algunas compañías para obtener, por lo menos, el pago de una parte de la demanda, el nudo legal que lleva casi tres años en los tribunales estadounidenses ha impedido que cobre alguna parte de esos 300 millones de dólares.

 

El juez Sim Lake, quien actualmente es el responsable del caso, concedió diversos recursos legales interpuestos por las empresas involucradas, entre ellos la imposibilidad de que se aplique la ley mexicana, la negativa de que Pemex represente a refinerías que alegan fraudes contractuales, con las cuales había llegado a algún acuerdo, porque compraron gas robado, y la petición para que se considere a terceros involucrados.

 

En los últimos años, directivos de al menos cuatro de las empresas involucradas confesaron que traficaron con gas robado a Pemex y fueron sentenciados en tribunales estadunidenses, pese a ello las causas civiles no han prosperado.

 

A finales de febrero de este año, Pemex reinició la embestida legal, a partir de un nuevo proceso legal en los tribunales de Texas, para obtener por fin una reparación o indemnización, pero el caso se encuentra aún en la fase inicial.

 

Estos juicios han obligado a Petróleos Mexicanos a contratar un bufete legal en EU, que colaboró en la investigación y presentó el caso en los tribunales, sin embargo el nuevo gobierno canceló su contrato por considerarlo muy caro.

 

Y en México no se ha iniciado algún proceso penal contra los cárteles aparentemente involucrados, del Golfo y Los Zetas. Los reportes internos de Pemex también muestran que el robo de gas continúa en otras zonas del país, lo mismo que de petróleo y gasolina. Tampoco se conocen investigaciones administrativas o penales contra funcionarios de la paraestatal que, por acción u omisión, facilitaron el saqueo reiterado de gas en la cuenca de Burgos y en otras regiones.

 

 

Algunas operaciones con el gas robado a Pemex en EU

 

– Entre abril 2007 y marzo 2009, BASF compró 44 mdd en gas condensado robado a PEMEX.

– En 2009 Continental Fuels descargó en Bownsville al menos 25 camiones cisternas con gas robado a Pemex.
– Big Star compró y revendió 50 mdd de dólares en gas robado
– F&M comercializó 20 mdd. e incluyó la venta de 8 mil 500 barriles de gas a Continental.
– Superior Crude comercializó más de 52 mdd de gas. Una de sus operación incluyó el embarque de 24 mil barriles a Port Arthur.
– TransMontaigne almacenó entre mayo de 2007 y marzo de 2009 gas robado por un valor de 15.6 mdd.
– CONOCO Phillips gastó más de 35 mdd en gas robado.
– Shell Trading es el comercializador más grande de gas robado a Pemex. Ha vendido más de 125 mdd del combustible.
– Shell Chemical invirtió 13 mdd en gas robado para su planta.