CARACAS. Venezuela y Colombia llegaron a un acuerdo para la apertura “gradual” de su extensa frontera, cerrada desde hace un año por decisión Caracas. El entendimiento se logró durante una reunión entre los presidentes Nicolás Maduro y Juan Manuel Santos en la localidad venezolana de Puerto Ordaz.

 

Maduro ordenó el 19 de agosto del año pasado el cierre de la frontera entre el estado venezolano de Táchira con el departamento de Norte de Santander, el principal a lo largo de los dos mil 219 kilómetros de frontera común, como parte de su estrategia para combatir el contrabando y el paramilitarismo.

 

La decisión la adoptó después de que tres militares venezolanos y un civil resultan heridos en un enfrentamiento con presuntos contrabandistas en la localidad de San Antonio del Táchira, y la extendió en las semanas siguientes al resto de los pasos fronterizos.

 

Tras la clausura de la frontera, Venezuela expulsó a alrededor de 1.600 colombianos de su territorio, mientras que otros 19 mil abandonaron ese país por su cuenta para no correr la misma suerte, lo que causó una crisis diplomática entre los dos países.

 

Después de varios meses de trabajo conjunto, en julio pasado decenas de miles de venezolanos pasaron a la ciudad colombiana de Cúcuta durante dos fines de semana por un “corredor humanitario” acordado por ambos países para comprar alimentos y medicinas que escasean en su país.

 

En la reunión de cancilleres de ambos países la semana pasada, se resolvió la creación de una cédula de identidad especial para los residentes de la frontera, así como un aumento de los controles de seguridad, en el marco de la lucha conjunta contra el contrabando de gasolina, el tráfico de drogas y el crimen organizado.

 

Países se pronuncian

 

Quince países de la Organización de Estados Americanos pidieron que no haya demora en el proceso del referendo revocatorio que promueve la oposición venezolana contra el presidente Nicolás Maduro. Los países firmantes urgen, además, al gobierno de Venezuela y a la oposición a que mantengan “un diálogo franco y efectivo, directamente o con el apoyo de mediadores” y a “mantener formas de expresión e influencia pacíficas y no violentas”.