Poco después de que murió Roberto Garza Sada sus hijas encontraron un estado de cuenta expedido por el departamento fiduciario de Banco Santander México, que iba dirigido a él, y del que se desprendía la existencia de un contrato de fideicomiso cuya cuenta principal corresponde al número 48990-0.
María del Carmen Garza Delgado de Celada, Gabriela Garza Delgado de Vivanco y Viviana María Garza Delgado, la primera casada, viuda la segunda y la tercera divorciada, son hijas de Roberto Garza Sada, quien falleció en San Pedro Garza García, Nuevo León, el 14 de agosto de 2010.
El único hijo varón fue Roberto Garza Delgado, con quien tienen un conflicto por la herencia de su padre, empresario ampliamente conocido e integrante de una familia fundadora de grandes empresas como Grupo Femsa, Vitro, Cydsa y Grupo Alfa, entre otras.
Por los problemas personales que tienen con su hermano, dicen que desconocían el patrimonio que integra el acervo hereditario. Por eso decidieron investigar para localizar los bienes inmuebles y muebles, cuentas bancarias e inversiones a nombre de su difunto padre. Lo anterior con el fin de que fueran distribuidos equitativamente entre los cuatro.
Las preguntas
Cuando supieron de la existencia del fideicomiso, comenzaron a tratar de averiguar qué guardaba. Es por ello que el 15 de junio de 2011 giraron una carta a Santander, en la que solicitaban:
Expidiera una copia certificada del contrato de fideicomiso celebrado como Fideicomitente-fideicomisario, el señor Roberto Garza Sada con Banca Serfin, en su calidad de fiduciaria el día 16 de junio de 1994.
Rindiera cuentas respecto a los retiros, reinversiones y en general todos y cada uno de los movimientos que se hayan llevado a cabo con el patrimonio fideicomitido desde la fecha de su constitución hasta esa fecha.
Entregara copia de las cartas de instrucción que motivaron los movimientos señalados en el punto anterior. E informara el monto accionario que aún se conserva como patrimonio fideicomitido y el valor del mismo al precio de mercado a la fecha en que se rindiera el informe a esta solicitud.
Eduardo Marroquín Salinas
José Javier Leal González, titular de la Notaría Pública 111, con ejercicio en Monterrey, Nuevo León, le entregó el 29 de junio de 2011 la carta de las hijas de Garza Sada a Eduardo Marroquín Salinas, quien se identificó como Director Fiduciario de Santander en esa plaza.
El hombre de 1.72 metros de altura, cabello corto castaño claro, cejas pobladas, nariz recta y labios delgados, dijo conocer a plenitud la existencia del fideicomiso al abogado de las herederas, José Jesús Castilleja Alfaro. Sabía también que había fallecido y conocía perfectamente todas las condiciones del contrato.
Dijo que atendería con toda diligencia y prontitud la carta entregada, preparando su contestación a la brevedad. Le entregó su tarjeta de presentación al abogado y le pidió estar al contacto. Sin embargo, pasaron los días y no había respuesta de su parte.
Les dio muchos pretextos, entre ellos, que sus superiores no le habían dado autorización todavía para contestar las preguntas. Dijo que no existían anomalías y que sólo era cuestión de tiempo.
El 7 de julio de 2011, después de muchas llamadas telefónicas y visitas del representante legal de las hijas de Garza Sada, Eduardo Marroquín Salinas le envió un correo electrónico a José Jesús Castilleja Alfaro.
“Estimado Jesús, adjunto al presente te servirás encontrar carta que hemos comentado telefónicamente”, dice el e-mail. “Estaré unos días fuera de la ciudad (vacaciones), primero Dios, regreso el día 18. Cualquier detalle que surja puedes verlo con el licenciado Luis Alonso Pérez, a quien copio en este comunicado. Para el caso de que requieras la carta original, la dejé sobre mi escritorio, la cual te podrá entregar. Quedo a tus órdenes para cualquier comentario adicional. Saludos Cordiales”.
La respuesta
En una carta fechada el 6 de julio de 2011, Eduardo Javier Marroquín Salinas manifiesta que procedieron a solicitar copia certificada del Contrato de Fideicomiso a la notaría pública 122, cuyo titular es Héctor Villegas Garza, quedando a disposición de Castilleja Alfaro desde el 5 de julio.
Sobre la rendición de cuentas respecto a los retiros, reinversiones y todos los movimientos que se realizaron, dijo que se procedería a valorar internamente la procedencia de este punto de la solicitud.
Lo mismo dijo sobre las cartas de instrucción que motivaron los movimientos. Y adjuntaron copia del estado de cuenta del fideicomiso al mes de mayo de 2011.
Al dar lectura a esta contestación, las herederas comprendieron el motivo de la tardanza. La respuesta del Delegado Fiduciario era insuficiente para ellas, incompleta.
Les extrañaba la enorme disminución del patrimonio, por lo que pedían que exhibiera las cartas de instrucción que generaron la extracción de las acciones faltantes. Se negó a darles la cara, los dirigía con otras personas. Hasta la fecha, dicen, no han informado oficialmente si Santander ya valoró las dos preguntas pendientes.
Estado de cuenta
Las herederas de Garza Sada se dieron cuenta de que el fideicomiso compuesto inicialmente por 10 millones 700 mil acciones de Grupo Industrial Alfa, que luego se convirtieron en 36 millones 992 mil 733 títulos de “ALFA A”, había disminuido considerablemente. Sólo tenía 292 mil 733 papeles al 31 de mayo de 2011. Desaparecieron 36 millones 700 mil acciones sin razón o explicación de Santander.
Las 36 millones 700 mil acciones valían al 12 de enero de este año seis mil 290 millones 380 mil pesos. Sumando dividendos que ingresaron y dejaron de ingresar, y los intereses generados, calculan que el fideicomiso vale más de mil millones de dólares.
“Nos resulta inexplicable la disminución accionaria, en primer lugar, porque nuestro padre Don Roberto Garza Sada comentaba, inclusive unos días antes de su fallecimiento, que en el fideicomiso, que él llamaba Santander, tenía depositada una suma millonaria de acciones, que cuando él falleciera, la totalidad de los títulos fideicomitidos serían repartidos en partes iguales para cada uno de sus hijos, y que lo ahí depositado correspondía a una suma tan alta que jamás faltarían recursos económicos a sus hijas así como tampoco al hijo varón, durante varias generaciones familiares”.
Las hermanas dicen que nunca comentó haber hecho retiros importantes, pues no necesitaba dinero, pues como es fama pública, provenía de una familia acaudalada.
Documentos que obtuvo 24 HORAS, como el expediente del juicio ordinario mercantil en contra de Santander y sus principales accionistas (los Botín-Sanz), fechado el 21 de mayo de 2012, reitera que la institución financiera se niega a proporcionar las cuentas solicitadas por las herederas.
“También ha patentizado la plena intención de ocultar a toda costa la documentación que contiene la forma mediante la cual permitió la extracción de 36 millones 700 mil acciones que conformaban el patrimonio fideicomitido, por lo que si se niega a dar una explicación a las fideicomisarias, es evidente que Santander obró culpable y negligentemente en el manejo del fideicomiso”.
Denuncia
Después del 6 de julio, cuando Eduardo Marroquín Salinas dijo que se iba “de vacaciones, gracias a Dios”, prácticamente no regresó a su oficina. O al menos es lo que le decían a Jesús Castilleja Alfaro, abogado de las herederas, quien lo buscaba insistentemente e insistentemente recibía negativas.
Se negaba a contestar llamadas, aunque de vez en cuando respondía algún correo electrónico. “Estimado Jesús. Sigo en espera del escrito, ojalá y me lo den más tarde. Si me lo liberan, te lo mando escaneado”, o “Hace unos momentos llegó jurídico de un comité y está en junta con un abogado externo, en unos momentos salgo a la junta que te dije, regresando lo veo. Saludos cordiales”.
Ante este escenario, formularon una Denuncia de Hechos ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León el 12 de agosto de 2012, con el fin de que se investigara la conducta de Santander.
La denuncia fue turnada a la Agencia del Ministerio Público Especializada en Delitos cometidos contra la Industria e Instituciones Financieras, iniciándose la averiguación previa 8/2011/I B-2.
Dentro de la indagatoria se giró un oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para que remitiera la siguiente información:
Copia certificada del contrato de fideicomiso del 16 de junio de 1994. Copia certificada de los retiros, reinversiones y en general de todos y cada uno de los movimientos que se llevaron a cabo con el patrimonio del fideicomiso. Y copia certificada de las cartas de instrucción o cualquier otro documento relacionado con los retiros.
La Fiscalía también pidió informe del monto accionario que se conservaba y el valor, así como un informe del lugar donde se encuentran físicamente localizados los documentos relacionados con los comprobantes de los retiros.
Santander respondió el 19 de septiembre de 2011, en un documento firmado por Laura Roldán Hernández, apoderada legal del banco, que el monto accionario del fideicomiso, al mes de julio, estaba conformado por 292 mil 733 títulos de la serie “A” emitidas por Alfa, con un valor de mercado por acción de 172.56 pesos.
El lugar en donde se encuentra el expediente fiduciario, agregó, es Ocampo y Escobedo, sin número, planta baja, edificio Kalos, colonia Centro, Monterrey, Nuevo León. Departamento Fiduciario.
Desaparecen cartas
El 13 de diciembre de 2011, Glenda Pinales Rodríguez, delegada del Ministerio Público Adscrito a la Agencia del Ministerio Público Especializada en Delitos Contra la Industria e Instituciones Financieras de Monterrey, llevó a cabo una diligencia de inspección ocular y fe ministerial sobre el Expediente Fiduciario 48990-0, junto con abogados de las herederas de Garza Sada y peritos en grafoscopía, designados por el Director de Criminalística y Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia en el Estado.
Santander presentó una carpeta en la cual había diversos documentos relativos a los movimientos del fideicomiso. Pero en dicho expediente no se encontraban las cartas de instrucción mediante las cuales se había extraído gran parte del patrimonio.
Laura Roldán, la apoderada legal del banco, dijo que ahí estaban, pero no los enseñaron.
Glenda Pinales Rodríguez solicitó a Javier Sáenz Ramírez, quien se presentó como abogado de Contingencias de dicha institución de crédito, pusiera a la vista de la Fiscalía los originales de las 25 cartas de instrucción supuestamente firmadas por Roberto Garza Sada.
Las cartas que solicitaron, les dijeron, fueron enviadas al Departamento Jurídico para realizar una certificación, pero aún no habían sido devueltas, por eso faltaban en el expediente.
Llamaron al subdirector fiduciario, Luis Alonso Pérez Barraza, para que les diera más información sobre dichas cartas.
Les dijo que esas cartas fueron enviadas al Departamento Jurídico, y después de eso se extraviaron.
Le pidieron que proporcionara el nombre de la persona encargada del departamento jurídico, dijo que era Gabriel Botello.
La Delegada del Ministerio Público se trasladó en ese instante a la oficina adjunta donde se localizaba Botello, cuestionándolo sobre las 25 cartas de instrucción.
Dijo que no contaba con dichos documentos, ya que nunca las había solicitado ni había realizado con ellas ninguna certificación, ya que él no guarda relación con los expedientes fiduciarios de Santander, que la persona que podría exhibir dichas cartas era el delegado fiduciario, Eduardo Marroquín.
Ante las evasivas de los representantes legales de Santander durante la diligencia, la Delegada del Ministerio Público se trasladó a la oficina de Marroquín, quien dijo que las cartas se extraviaron.
Aseguró no recordar la última vez que las vio, ni la fecha de extravío de los documentos, ni la fecha en la que se dio cuenta de ello, y que se extraviaron en el Departamento Jurídico, ante las gestiones que realizaban.
De igual forma, dijo desconocer si se denunció la pérdida de los papeles con los que se disponía del patrimonio fideicomitido por parte del cliente Roberto Garza Sada.
Antes de la diligencia, el 24 de noviembre de 2011, se pidió a Santander que pusiera a disposición de los peritos en grafoscopía designados por la PGJ del Estado, los originales de las 25 cartas para que tomaran evidencias fotográficas de las firmas y que estuvieran en condiciones de emitir el dictamen respecto a las firmas estampadas en ellas.
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