Por vulnerar el derecho de atención médica pediátrica entre 2009 y 2013, en agravio de 18 menores, la Secretaría de Salud capitalina (Sedesa) recibió su primera recomendación en el año por parte de la Comisión de Derechos Humanos del DF (CDHDF) y la cuarta en lo que va de la presente administración,

 

Del total de los casos integrados en la recomendación 5/2014, se registró que 10 menores fallecieron y dos más presentan una discapacidad a consecuencia de los hechos violatorios a sus derechos, informó la ombudsperson, Perla Gómez.

 

En conferencia, la funcionaria acusó que las vulneraciones a las garantías de estos menores se llevaron a cabo cuando fueron llevados por su padre o madre a alguno de los centros de salud o unidades hospitalarias de la Red de Salud del DF para solicitar atención médica pediátrica urgente, encontrando en algunos casos la negativa de brindarles el servicio, ya sea por la falta de personal o por la carencia de recursos para otorgarles la debida atención médica.

 

“En otros casos, no se llevaron a cabo los estudios exhaustivos para un diagnóstico médico apropiado que permitiera el tratamiento adecuado, provocando con ello que algunas de las personas menores de edad tuvieran un sufrimiento innecesario”, agrega el documento presentado la víspera.

 

Asimismo, se documentó que personal de Salud incurrió en una mala práctica médica incurriendo, incluso, en tratos deshumanizados.

 

Cuando ocurrieron los hechos documentados en la recomendación, las edades víctimas fluctuaban desde los pocos meses de nacidos hasta los 14 años, añadió la presidenta de la CDHDF.

 

Ante estos hechos, la comisión dirigió 19 puntos recomendatorios a la Sedesa, destacando la indemnización de las víctimas directas o indirectas, según sea el caso, por el concepto de daño material e inmaterial, así como la atención médica especializada para su rehabilitación y psicológica.

 

De igual modo, la recomendación prevé en algunos casos una cantidad mensual de manutención que incluya alimentos y gastos relacionados con su discapacidad de por vida, o por lo menos, mientras el menor no pueda ser económicamente independiente, así como la cobertura de la escolaridad para quienes resultaron con discapacidades, hasta que concluyan sus estudios superiores.