Los dos integrantes del Estado Mayor Presidencial (EMP), con grado de coroneles, quienes estuvieron al frente del operativo de logística y seguridad durante el segundo informe del Presidente, Enrique Peña Nieto, fueron castigados con 15 días de arresto por autorizar el uso de la plancha del Zócalo como estacionamiento.

 

De acuerdo con un informe obtenido por 24 HORAS, los mandos del EMP, encargados de la seguridad presidencial, fueron sancionados con el máximo “correctivo disciplinario” para militares con superioridad jerárquica, lo cual, según la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea significa dos semanas de arresto en su cuartel o prisión militar designada.

 

EL Estado Mayor Presidencial justifica que los coroneles autorizaron habilitar el  Zócalo como estacionamiento para garantizar la seguridad del mandatario nacional y sus invitados al segundo informe, según información obtenida mediante la ley de transparencia con el número de folio 0210000135114.

 

“Los responsables del dispositivo de seguridad establecido en Palacio Nacional y que por razones de seguridad tomaron la decisión de utilizar la plancha del Zócalo, son dos coroneles de este órgano técnico militar, a los cuales, como resultado de dicha acción y conforme a la legislación militar vigente, se les impuso correctivo disciplinario consistente en orden de arresto calificado con la graduación máxima”, señala la respuesta de la Presidencia de la República.

 

Según la legislación vigente, un “correctivo disciplinario es la medida coercitiva que se impone a todo militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, por haber infringido las leyes o reglamentos militares, siempre y cuando no constituyan un delito”, en este caso, los dos coroneles recibieron la sanción más alta, que es de dos semanas de arresto.

 

Por razones de seguridad nacional, el órgano militar considera información clasificada, por un periodo de 12 años, los nombres de los dos coroneles, quienes dieron la orden a los elementos del EMP para dejar estacionar cientos de automóviles.

 

“El hecho de revelar los nombres del Estado Mayor Presidencial conlleva la identificación y ubicación de dichas personas y sus familiares, lo cual permitiría que, mediante amenazas, secuestro o cualquier otro mecanismo de intimidación, pudieran conocer de forma precisa las acciones que se desarrollan con el fin de garantizar la vida, integridad y seguridad del Presidente y de las personas a los eventos a los que acude”, argumenta el EMP.

 

El pasado dos septiembre, en el marco del segundo informe presidencial, se permitió a cientos de vehículos, en su mayoría de funcionarios públicos, estacionarse en la plancha del Zócalo, lo cual generó polémica entre la ciudadanía, por lo que la Presidencia emitió una disculpa pública y aseguró que “tomaría las medidas necesarias para que no se vuelva a repetir”.

 

 

 

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