Comisión Especial de la Cámara de Diputados  está consensuando la posibilidad de presentar una propuesta de programa regional con cargo a Grupo México, que cuente con recursos de manera significativa para impulsar el desarrollo de la zona y activar la economía de los perjudicados por el derrame de los ríos Sonora y Bacanuchi, a fin de que se recuperen financiera y socialmente.

 

La diputada Lorenia Valles Sampedro consideró que resarcir los daños ambientales y de indemnización a la población afectada no debe quedar sólo en el pago de los dos mil millones de pesos que acordaron Grupo México y autoridades federales.

 

Mencionó que esta cantidad “es el inicio de una cifra preliminar hasta alcanzar el monto que realmente repare los daños ambientales y retribuya a los pobladores, productores, agricultores y empresarios las pérdidas que están enfrentando”.

 

La integrante de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados que da seguimiento a este caso afirmó que por ningún motivo el monto económico que debe pagar Grupo México debe quedar ahí.

 

Dio a conocer que este grupo legislativo de trabajo se reunió con el secretario de Medio Ambiente, Juan José Guerra Abud, y el procurador federal del Medio Ambiente, Guillermo Haro Bélchez.

 

“En breve un grupo de especialistas en materia ambiental y los que presenten las dependencias federales que están encargadas de seguir y analizar el caso deberán ofrecer un estimado final de cuánto es lo que deberá retribuir la minera, cantidad que podría rebasar mucho más del doble la cifra inicial anunciada”, adelantó.

 

Es importante, dijo la legisladora del Partido de la Revolución Democrática (PRD), que se haya avanzado en obligar a Grupo México a pagar los daños.

 

Sin embargo no se debe renunciar a actuar penal y administrativamente contra este consorcio, y menos a que se le sancione de manera ejemplar, a fin de dejar un precedente para que nadie crea que puede actuar impunemente, agregó.

 

En este sentido, hizo un llamado a los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) a sacar del conflicto ambiental sus diferencias políticas.

 

Valles Sampedro consideró importante que en el actual periodo de sesiones se presente un paquete legislativo que fortalezca la función reguladora y sancionadora que tiene el marco legal federal vigente en materia de minería.

 

“Es flexible, laxo y no atiende con seriedad y responsabilidad los problemas que generan las minas y menos aún se sanciona como se debe”, concluyó.