El comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, propuso la implementación de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes; la elaboración de un Modelo Homologado de Unidades de Policía Cibernética; la actualización y homologación de procesos regulatorios en materia de seguridad privada y la elaboración de registros biométricos para identificar a las personas privadas de la libertad.
Sales dijo que la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, publicada el pasado 16 de junio, busca proteger a los jóvenes, así como su formación integral; privilegiando las medidas alternativas de solución de conflictos y las sanciones no privativas de libertad.
“Para la implementación de dicha Ley, es necesario iniciar los trabajos que conduzcan al diseño de protocolos especializados en la atención de adolescentes en conflicto con la ley; la profesionalización de los operadores y, de manera paralela, focalizar el destino de recursos del FASP, el FORTASEG y el PRONAPRED del Ejercicio Fiscal 2017 para orientarlos a este rubro”, explicó.
Para su aplicación, Sales Heredia propuso la conformación de un grupo de trabajo interinstitucional integrado por la Procuraduría General de la República (PGR), la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana, el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y la Comisión Nacional de Seguridad (CNS).
En relación al Modelo Homologado de Unidades de Policía Cibernética, dijo que el esquema, permitirá conjuntar esfuerzos entre los ámbitos de gobierno estatal y federal.
El tercer tema tiene que ver con la actualización y homologación de procesos regulatorios en materia de seguridad privada.
“La regulación de los servicios de seguridad privada es una tarea compartida, implica la participación coordinada de los tres órdenes de gobierno. Regulada de manera efectiva y responsable, la seguridad privada representa una contribución a la provisión de seguridad para los ciudadanos”, comentó.
Al participar en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, mencionó que es necesario la creación de un grupo de trabajo para impulsar la reforma al marco jurídico, a fin de armonizar los procesos regulatorios a nivel nacional y establecer las bases de coordinación para el Registro Único de las Empresas, el Personal y el Equipo de Seguridad Privada, así como las acciones de verificación y certificación del personal y de las empresas e instituciones que brindan dichos servicios.
“El cuarto tema que se pone a consideración, contempla la elaboración de registros biométricos para identificar a las personas privadas de la libertad mediante huellas dactiloscópicas, fotografías con calidad biométrica e iris ocular”.
La base de datos permitirá eliminar la posibilidad de duplicidades, registros incorrectos, homonimias y será útil para implementar acciones preventivas y de vinculación con investigaciones vigentes relacionadas con hechos delictivos pasados.