La Cámara de Diputados aprobó una reforma al Código Penal Federal para tipificar el delito de robo de identidad y establecer sanciones de seis años de prisión y 600 días de multa, pero en casos de servidores públicos hasta nueve años de cárcel.

 

Los diputados federales avalaron crear el Título Vigésimo Séptimo denominado “Delitos Contra la Identidad de las Personas”, que considera un capítulo único llamado “Usurpación de identidad”.

 

El presidente de la Comisión de Justicia, Álvaro Ibarra Hinojosa (PRI), expuso que “en México la usurpación de identidad va en aumento”. Y citó cifras del Banco de México, que refieren que  nuestro país ocupa el octavo lugar a nivel mundial en la comisión de este delito. Jalisco encabeza la problemática.

 

“Los diputados hemos hecho eco a las demandas ciudadanas que existen y exigen una protección más eficaz a sus derechos de identidad”, dijo en tribuna al defender el dictamen.

 

El dictamen fue aprobado por unanimidad, con 414 votos a favor, y se turnó al Senado de la República para su análisis y eventual ratificación.

 

En el documento se alinearon tres iniciativas que presentaron, por separado, los diputados César Flores Sosa (PAN), Lorena Corona Valdés (PVEM) y Gloria Himelda Félix Niebla (PRI), entre los meses de diciembre de 2015 y marzo de 2016.

 

Según la adición del artículo 430, el delito de usurpación de identidad se registrará cuando por sí o por tercera persona, y usando cualquier medio lícito o ilícito, “se apodere, apropie, transfiera, utilice o disponga de datos personales sin autorización de su titular o bien suplante la identidad de una persona, con la finalidad de cometer un ilícito o favorecer su comisión”.

 

La persona que realice este ilícito recibirá una pena de uno a seis años de prisión y de cuatrocientos a seiscientos días multa y, en su caso, la reparación del daño que se hubiera causado. Estas sanciones aumentarán hasta en una mitad (9 años) cuando el infractor sea un servidor público y tenga acceso a bases de datos.

 

“La sobreexposición de los datos personales, así como la existencia de diversas instancias y métodos para su recopilación ha generado la oportunidad para que individuos mal intencionados se hagan pasar por tercero suplantados y su plantando su identidad, y en muchos casos, erogando recursos o adquiriendo obligaciones a nombre de la persona usurpada”, advirtió la diputada de Encuentro Social, Cynthia Gissel García Soberanes.

 

Cifras

 

6

años de cárcel sería la pena máxima para los delincuentes que roben la identidad de alguna persona

 

9

años de prisión alcanzarían los funcionarios públicos que, aprovechando su posición incurran en este delito