Hace poco más de tres años, el 11 de octubre de 2009, el presidente Felipe Calderón decretó la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LyFC), la decisión de mayor trascendencia económica que ha tomado el Presidente durante su gobierno y, seguramente, una de las de mayor complejidad política en su implementación dada la tradicional fortaleza del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).

 

No cabe duda que la decisión -largamente pospuesta por gobiernos priistas y panistas desde que el presidente Luis Echeverría Álvarez autorizó su disolución en 1974 para fusionarse con la Comisión Federal de Electricidad (CFE)- era necesaria para detener una relación perversa y corrupta entre sindicato y gobierno en detrimento de la eficiencia en el servicio eléctrico en la capital del país y algunos municipios de estados aledaños como el Estado de México, Puebla, Morelos e Hidalgo.

 

El decreto de extinción que emitió el presidente Calderón fue avalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 5 de julio de 2010 por lo que en lo relativo a la legitimidad de las facultades del Presidente de la República para llevar a cabo este acto, ya es cosa juzgada y, por lo tanto, irreversible.

 

Sin embargo la situación laboral de los trabajadores de LyFC, miembros del SME, es harina de otro costal y asunto que, tres años después, aún no concluye. Por lo menos no para aquellos 16 mil 599 trabajadores que decidieron no aceptar la liquidación que ofreció el gobierno federal y que aún mantienen, a través del SME, litigios a fin de ser reinstalados en la CFE en calidad de patrón sustituto.

 

El asunto podría escalar en las próximas semanas. El 8 de octubre pasado el Segundo Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito, publicó la sentencia del juez que ordena amparar a los trabajadores determinando que es injustificada la conclusión de las relaciones laborales con LyFC, resuelta por la Junta de Conciliación y Arbitraje, por lo que CFE es patrón sustituto de estos miles de trabajadores. Una decisión que va en camino a que CFE reinstale a estos más de 16 mil trabajadores de LyFC con todos sus derechos laborales señalados en su contrato laboral, antigüedad y salarios caídos desde que fueron separados de LyFC.

 

Ahora será la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien deberá resolver si acepta o no a trámite el caso ante la impugnación de la sentencia que realizó el gobierno federal el pasado martes 23 a través del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE). Si la Corte decide aceptar el caso, será ella quien emita una resolución definitiva sobre el amparo que sentenció el Tribunal Colegiado. De no aceptar la Corte el caso por considerar que no es de interés general, el asunto volverá al Tribunal Colegiado y el amparo será definitivo con todas las consecuencias para CFE y para el gobierno federal. Sería un durísimo golpe hacia el final del gobierno del presidente Calderón.

 

Pues bien, esta última posibilidad está siendo contemplada por Enrique Peña Nieto y su equipo quienes están evaluando posibles “arreglos” con Martín Esparza y sus huestes, como reinstalar a una parte importante de los trabajadores en CFE y prejubilar al resto.

 

Es probable que la Corte no demore su decisión. Y si ésta es contraria al gobierno federal, el costo financiero para el gobierno entrante será un duro golpe en el reparto presupuestal del próximo año.

 

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