La casa donde se escondieron José Luis Abarca, ex alcalde de Iguala, y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa continuará asegurada por la Procuraduría General de la República (PGR), pues el juez de Distrito negó el amparo de forma definitiva a los propietarios del predio ubicado en Iztapalapa.

 

A través de su sentencia el juez desestimó los alegatos de los propietarios del inmueble y lo sobreseyó (desechó) para recuperar la vivienda y negó levantar el aseguramiento porque no habrá una enajenación total del predio por el delito de encubrimiento.

 

Abarca Velázquez y Pineda Villa están vinculados a la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa y siguen proceso por delitos como delincuencia organizada.

 

“Lo anterior, si se considera que al ser el aseguramiento una medida provisional con la que se pretende que los instrumentos, armas y objetos o productos del ilícito, se retengan y conserven, además, que se garantice la tutela del interés público sobre el particular, para hacer posible la debida investigación de los delitos; por lo que deben resguardarse desde el inicio de la indagatoria, por constituir indicios del delito o para evitar que se destruyan o modifiquen hasta en tanto se conozca la verdad de los hechos, siendo en este caso, el Ministerio Público de la Federación el facultado para decretarlo.

 

“Además, debe apuntarse que aun cuando en ocasiones el aseguramiento de bienes tiene como propósito el garantizar el posible y futuro decomiso, lo cierto es que no todo aseguramiento tiene tal finalidad, sino únicamente acreditar el cuerpo del delito o la probable responsabilidad, por contener los bienes huellas del ilícito”, notificó el juez a través de uno de sus resolutivos.

 

Se trata de la casa ubicada en la calle de Jalisco, número 27, colonia Tenorios, donde el pasado 4 de noviembre fueron detenidos Abarca Velázquez y Pineda Villa, quienes son señalados como los autores intelectuales de la desaparición de los normalistas.

 

La propiedad seguirá bajo resguardo de la PGR hasta que el impartidor de justicia considere que los peritajes y diligencias para el desahogo de pruebas ya fueron agotados.

 

Ana María Berúmen Rodríguez fue quien interpuso un juicio de amparo en contra del procurador de la República, Jesús Murillo Karam, por el aseguramiento del predio donde su hermana Noemí permitió que se alojara la pareja prófuga de la justicia.

 

Berúmen Rodríguez inició el juicio 1151/2014 ante el Juez Octavo de Distrito en contra de la “orden de aseguramiento de bien inmueble y negativa de acceso al mismo”, y la semana pasada fue notificada sobre la negativa de la suspensión definitiva.

 

A criterio del juez de la causa las pruebas aportadas por la quejosa no fueron suficientes para ordenar el levantamiento de la medida impuesta por la PGR sobre el inmueble ubicado en la calle Jalisco 27.