El Secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, informó sobre el rescate de más de 200 jornaleros tarahumaras originarios de Chihuahua, Sinaloa y Guerrero que se encontraban bajo condiciones inhumanas de trabajo y vivienda en un campo agrícola de Baja California Sur.

 

A través de un comunicado, la dependencia informó sobre el rescate realizado en el marco de las acciones del Operativo “México con Trabajo Digno” en el municipio de Comondú.

 

Ante la denuncia de jornaleros agrícolas quienes referían haber huido de un campo donde eran explotados laboralmente, amenazados por los patrones y que vivían en casas de hule en medio de lodo y basura; la dependencia comisionó a inspectores Federales del Trabajo en la entidad para llevar a cabo una investigación que permitiera ubicar al grupo de trabajadores y detectar la empresa que estaba cometiendo dichos abusos.

 

Se encontraron dos campamentos: el primero ubicado en el municipio de Comondú, donde se encontraban hacinados cien trabajadores; hombres, mujeres y niños en chozas provisionales elaboradas de ramas, hules y costales, en medio de basura y lodo, con poca agua y baños sucios.

 

El segundo campamento se localizó en un campo agrícola del mismo municipio. Ahí estaban alojados otros cien jornaleros con las mismas condiciones de vivienda; además en este lugar se encontró un área habilitada como cocina, donde se preparaban los alimentos de los jornaleros y sus familias, en total desorden y falta de higiene; informó Navarrete.

 

Además se encontraron a 13 menores de edad laborando y a 167 trabajadores sin registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social; y consecuentemente sin prestaciones de Ley.

 

Violación a derechos humanos 

 

Por estas irregularidades la Dirección General de Inspección decretó la Restricción de operaciones en el campo agrícola propiedad de la empresa “El Cerezo” y se solicitó la intervención inmediata de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en la entidad para iniciar una investigación en materia de violación a los derechos humanos de estos 200 jornaleros agrícolas y sus familias.

 

Elementos de la Procuraduría General de Justicia de Baja California Sur también iniciaron una denuncia penal por el delito de Trabajo Infantil.

 

Asímismo se pidió la intervención de personal de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios con el objetivo de determinar las condiciones de riesgo en la salud de los trabajadores y de la Policía Municipal en apoyo a estas acciones.

 

Con el objetivo de mantener la fuente laboral de estas personas, se entablaron negociaciones con el administrador del campo, logrando su permanencia en el empleo y la reubicación de manera inmediata a los trabajadores a zonas adecuadas de vivienda, se supervisó que recibieran alimentos suficientes e higiénicos y se les dotara de baños limpios y agua suficiente para beber y sus necesidades básicas.