Una iniciativa que propuso la fracción del PAN en la Cámara de Diputados sobre garantizar el derecho a la libre manifestación y, a su vez, el derecho de tránsito para el resto de la población, calentó los ánimos en el recinto legislativo de San Lázaro.

 

Jorge Francisco Sotomayor Chávez (PAN), explicó, desde la tribuna legislativa, la intención de regular las manifestaciones públicas en la Ciudad de México, partiendo de resolver las peticiones de los ciudadanos mediante interlocutores.

 

“Que las secretarías de Gobierno del Distrito Federal y la de Gobernación envíen interlocutores que busquen resolver, desde el principio, las demandas que generan las manifestaciones”. A cambio de ello, “se le garantizará al resto de la población no bloqueos ni manifestaciones en horas pico, en vías primarias o en calles de un solo carril, el acceso libre a los centros de trabajo”.

 

Entrado en su discurso, invitó a algunos legisladores de izquierda a hacer las paces y apoyar el documento que impulsaba, incluso, los invitó a finalizar la violencia que estos emiten en diversas sesiones parlamentarias.

 

“Llamo a todos los diputados congregados en esta Cámara a que suscriban y apoyen esta iniciativa, pero sobre todo a los diputados Ricardo Monreal Ávila, Jesús Luis Muñoz Soria y Roberto López Suárez, y a sus bancadas, a que conjuntamente pongamos fin a la violencia y abramos juntos la puerta de diálogo”, arengó antes de concluir.

 

Monreal Ávila, coordinador del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, solicitó la palabra desde su lugar e hizo saber que no respaldaría el tema, al calificar a su par de fascista: “la ignorancia histórica y la insensibilidad política los lleva a cometer estos extremos”.

 

“Es una vergüenza escuchar estas posiciones de jóvenes fascistas que no tienen patria, conciencia y que creen que todo es la fuerza, el garrote y el encarcelamiento. Estos émulos de Díaz Ordaz son a los que vamos a vencer tarde que temprano, con diálogo, con sensibilidad y con paz. Nosotros no promovemos a los violentos”, refirió.

 

Sus compañeros blanquiazules Juan Pablo Adame Alemán y Alicia Concepción Ricalde Magaña, salieron al quite y respaldaron la propuesta original, y afirmaron están a favor de las manifestaciones, pero en contra de la violencia.

 

La discusión provocó que el presidente en funciones de la mesa directiva, José González Morfín, les recordara que eran improcedentes los comentarios o alusiones en la presentación de iniciativas.

 

Por el otro lado, los legisladores del sol azteca aludidos, Roberto López Suárez y José Luis Muñoz Soria, sostuvieron que impedirían intentos de carácter “fascista” en la capital de la República mexicana.

 

“En esta ciudad no van a pasar los intentos fascistas, no vamos a dejar que vengan a la ciudad a destruirla como destruyeron al país. Que vayan a darse sus golpes de pecho a donde deben darlos. En la Ciudad de México no van a pasar”, refirió el perredista Muñoz Soria.

 

Ante la discusión de 35 minutos, la propuesta del panista Sotomayor Chávez fue remitida a los integrantes de la comisión del Distrito Federal para que se dictamine, a la par de la comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

 

Va PRD por endurecer penas contra vándalos

 

A fin de sancionar con penas más severas a quienes cometan actos en contra de policías o cualquier autoridad de cualquier nivel o función de gobierno, el grupo parlamentario del PRD en la Asamblea Legislativa presentó una iniciativa de reforma al Código Penal, así lo informó el líder de dicha bancada, Manuel Granados.

 

En entrevista exclusiva para 24 HORAS, el coordinador parlamentario del Sol Azteca explicó que la iniciativa, elaborada y presentada por su compañero Arturo Santana, busca elevar a delito grave los ultrajes a la autoridad y castigar con cárcel a quien agreda a cualquier elemento policiaco.

 

Granados explicó que dicha propuesta se turnó a la Comisión de Procuración de Justicia, presidida por su compañero Antonio Padierna, pero confió que la iniciativa podría dictaminarse y ser aprobada este mismo mes para poder aplicar a la brevedad esta nueva disposición.

 

Sostuvo que con el cambio de este artículo se prevé que no haya derecho a que los agresores salgan bajo fianza ni bajo caución, para evitar que agresores se aprovechen de la libre manifestación para cometer actos violentos.

 

Subrayó que con la reclasificación de este delito como grave, se elevaría la pena de cárcel de tres a siete años.

 

Respecto a la firma de un protocolo entre las autoridades locales y federales para implementarlo durante las manifestaciones, el líder parlamentario comentó que una situación es la parte legal correspondiente a las reformas y  la otra son las acciones administrativas que le corresponden al gobierno de la ciudad en coordinación con otro tipo de autoridades.

 

En relación al artículo 384, referente a los ataques a la paz pública, el perredista comentó que cuando se reformó dicho artículo se redujeron las penas por considerar anticonstitucional una sanción de 30 años por quien se manifestará en contra del gobierno, por ello agregó que ahora sólo se modificará los ultrajes a la autoridad.

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