El impacto ha sido durísimo para el gobierno.
Protestas por doquier.
Manifestaciones aquí, allá y acullá.
Bloqueos de autopistas y saqueo de comercios.
Fusión de movimientos hasta ahora dispersos, como los desaparecidos de Ayotzinapa en el municipio perredista de Iguala, incorporados para sacar raja política.
Y raja económica, como es ésa de tomar desguarecidas casetas de cobro de Caminos y Puentes Federales de Ingreso (Capufe) para asumir y hacerse de recursos correspondientes al Estado mexicano.
A estos movimientos se han sumado, como han documentado los cuerpos de inteligencia, autoridades locales –gobernadores, alcaldes, legisladores locales y hasta diputados federales–, amén de líderes políticos.
Y por ahí van partidos –la izquierda es mano en la protesta– en busca de beneficios electorales y en campaña para socavar más la imagen del gobierno de Enrique Peña Nieto.
Ya vendrá el tiempo de la cosecha, las elecciones de junio en los estados de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz.
Lo que los gobiernos hacen
Ese río revuelto tiene preocupado al gobierno.
Piensa actuar y entre los escenarios está cómo actuar hacia adelante.
Una pregunta prima en el análisis:
-¿Aguantaría la sociedad mexicana un segundo gasolinazo?
Evidentemente no.
Y si para la administración de Enrique Peña Nieto habría mayores presiones, en junio volvería a cumplirse la premonición del ex dirigente Manlio Fabio Beltrones, a la vez paráfrasis de Luis Donaldo Colosio:
-Lo que los gobiernos hacen, sus partidos lo resienten.
Beltrones fue más allá en el texto de su renuncia:
-Hay que decirlo fuerte y claro: en muchos de los casos, los electores dieron un mensaje a políticos equivocados o a políticos que incurrieron en excesos, que no tuvieron conductas transparentes y que no actuaron de manera responsable.
Con toda esta carga, altos funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) han dado una primicia a legisladores y ex legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI):
-Es posible el regreso de políticas de subsidio a las gasolinas y el diésel.
Una medida severamente cuestionada desde tiempos de Felipe Calderón, cuando se canalizaban 175 mil millones de pesos anuales a mantener bajos los precios de los energéticos.
Pero la administración panista pasada no entró al realismo económico porque el petróleo tenía muy buenas cotizaciones y los rendimientos de venta de crudo se veían en las cargas fiscales impuestas a Petróleos Mexicanos (Pemex).
Cuando llegó el equipo gubernamental actual decidió prolongar esa distorsión económica, y hoy, cuando el precio y los déficits la hicieron inviable, se mal instrumentó y mal comunicó el aumento.
Resultado:
Si se mantiene la pretensión de subir 12% la gasolina en febrero, el subsidio deberá ser total porque la población no se daría satisfecha con una parcialidad de ocho puntos, por ejemplo.
Y en marzo ya se verá qué se hace con otro aumento de 8%, como prevén algunos estudiosos del mercado.
Y del gobierno, por supuesto.