La apuesta del presidente Enrique Peña Nieto para un crecimiento económico acelerado durante la segunda mitad de su gobierno (2015-2018) está concentrada en las reformas económicas aprobadas por el Congreso el año pasado y que deberán concluir su legislación secundaria en este verano.
Con este paquete de cambios legislativos el gobierno federal espera crecer 4.7% en 2015 -de acuerdo con la expectativa oficial- y por arriba de 5% en los siguientes años para alcanzar 5.3% en 2018, según el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-2018 que publicó Hacienda.
Es razonable pensar que la implementación de reformas a las leyes energéticas, de telecomunicaciones o de competencia económica atraiga nuevas inversiones hacia sectores que habían estado cerrados o que -dadas las condiciones del mercado local y su regulación- eran poco atractivos para los capitales.
Así que el gobierno federal espera una avalancha de nuevas inversiones una vez que termine la definición de la implementación de las reformas. Ya Hacienda ha calculado que hacia 2018 las reformas aportarán 1.8 puntos porcentuales adicionales al crecimiento del país, destacando la energía, sector en el que el gobierno espera un aporte de un punto porcentual adicional al PIB.
Todo ello -a nivel de expectativas, en un plano macro y en el pizarrón- está muy bien. Sin embargo no se pueden olvidar tres cosas: 1. Que México es un destino de inversión, de entre muchos otros, para los capitales internacionales, por lo que la competencia para atraer capitales -aún con las reformas en marcha- es intensa. 2. Que existe un proceso dinámico de relocalización de inversiones manufactureras en el mundo que no se puede hacer a un lado y en el que aún estamos rezagados. Y 3. Que aún existen en el país importantes barreras para atraer inversiones, comenzando por la ausencia de políticas públicas deliberadas para favorecer la competitividad manufacturera del país.
Sobre esto último, el Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC) elaboró un muy interesante reporte (“Reshoring México 2014”) que identifica siete barreras impostergables de atender para atraer inversiones al país con todo y reformas:
“1. No existe una prioridad gubernamental en torno a la atracción de inversión manufacturera; no hay, por ejemplo, una política de ‘traer empleos de regreso a casa’ o ventajas impositivas al hacerlo como sí las tienen los Estados Unidos. 2. Hay una falta puntual de políticas públicas a favor de la competitividad manufacturera (mientras que EU se puede dar el lujo por el tamaño de su economía de no generar políticas de atracción de inversión, en México no ocurre lo mismo). 3. Carecemos de un estrategia clara de atracción de la inversión y producción proveniente de China que resalte las ventajas de México como la mejor opción para abastecer el mercado estadunidense manufacturero. 4. México se considera un país inseguro y con altos costos asociados a este fenómeno, aun cuando la violencia está focalizada. 5. Existe una evidente falta de información relativa a las capacidades instaladas manufactureras en México. 6. Hay una política estatal para desarrollar nuevos polos industriales en México, pero la falta de servicios públicos daña la imagen y ahuyenta la inversión, y 7. Existe un claro desconocimiento de la capacidad instalada que tiene México para captar inversión proveniente de fenómenos como la coyuntura China. Llanamente de 2011 a 2013 se redujo en 33% el porcentaje de directores de transnacionales que había escogido a México como la primera opción para reubicar su producción. Su principal preocupación versaba en que el país carecía de las condiciones necesarias para la captación de inversión y producción, pese a la alta capacidad instalada existente. Hasta el momento, el país no tiene información dirigida a paliar esta problemática de forma concreta”.
Y es que si bien las reformas son el gran marco de referencia, aún hay mucho por hacer en políticas públicas para convertirse en un poderoso imán para las inversiones. De lo contrario, la decepción puede ser mayúscula.