Uno de los asuntos espinosos que siguen pendientes en la agenda legislativa es la aprobación del llamado Consejo Federal para el Acceso a la Información y Protección de Datos que ya dictaminó el Senado y que ahora deberá resolver la Cámara de Diputados.

 

El asunto es relevante porque el nuevo organismo tendrá que ver con la rendición de cuentas, la transparencia y el acceso a la información de algunos -hasta ahora- “intocables” en la rendición de cuentas, como los partidos políticos, los polémicos fideicomisos públicos y los organismos autónomos -como el IFE, INEGI y el Banco de México; entre otros.

 

La reforma constitucional que crea el Consejo -que ya se encuentra en manos de los diputados- es una verdadera “papa caliente” por los intereses a los que se enfrenta, comenzando por los recursos públicos que reciben los propios partidos políticos y sobre los que penden fundadas sospechas ciudadanas acerca de su buen uso. Pero lo mismo ocurre con los ya famosos fideicomisos que se han convertido en las cajas fuertes favoritas de los políticos y funcionarios públicos para no rendir cuentas sobre los recursos que manejan excusados en el “secreto bancario”.

 

Cuestión similar ocurre con los funcionarios de los organismos autónomos poco acostumbrados a la transparencia y a la rendición de cuentas de sus actos, pretextando precisamente su condición de autónomos, como si ello fuera un salvoconducto para la opacidad.

 

Por eso llama la atención que haya transcurrido un semestre desde que el Senado aprobó estas reformas que dan lugar a la creación del Consejo Federal en diciembre pasado, sin que los señores diputados se hayan pronunciado al respecto y ni siquiera se conozca cuál será el destino de estas reformas.

 

El silencio de los diputados genera sospechas. De allí que la pregunta de si los diputados apuestan a cambios sustanciales en lo oscurito para descremar esta reforma y aprobar una versión ligera de ella, tiene sentido, y más cuando se identifican las fuertes presiones a las que está sometida.

 

El asunto es de vital importancia para las dos grandes reformas que vienen; porque difícilmente se puede pensar en una reforma fiscal que busca recaudar más, sin ofrecer antes al ciudadano un entramado institucional fuerte en materia de rendición de cuentas y de transparencia del gasto público.

 

Claro que la apuesta de muchos políticos y funcionarios públicos aún sigue siendo extender todo lo que se pueda la opacidad en el ejercicio de la función pública. Por eso reformas como éstas sólo pueden avanzar con la vigilancia y la presión ciudadana.

 

SÍGALE LA PISTA…

  1. A LIMITAR DIVIDENDOS. Dicen que cada quién habla como le va en la feria. Pues bien, el Banco de España está recomendando a los bancos privados que limiten su reparto de dividendos y si lo hacen en efectivo, que no sea superior a 25% de sus ganancias. La razón que esgrime la autoridad monetaria española es la incertidumbre económica en Europa y en los países en los que opera la banca española. Aquí en México cualquier recomendación en ese sentido para mantener la solvencia de los bancos y salvaguardar la estabilidad del sistema financiero, sería tachado como un atentado en contra de la libertad del capital, pero en España -por lo visto- no. ¿Qué tal?
  2. INDICADOR. En este mismo año INEGI comenzaría a publicar un estimado del PIB trimestral con 30 días de rezago y no con 50 como ocurre hasta ahora.

One reply on “Reforma parada”

Comments are closed.