La reforma al campo anunciada este lunes por el presidente, Enrique Peña Nieto, incluirá la apertura al uso de semillas transgénicas en el sector agrario nacional, confirmó el senador Gerardo Sánchez.

 

En entrevista telefónica con 24 HORAS, dijo que la iniciativa a presentarse este año plantea el tema de las semillas genéticamente modificadas como una alternativa para el desarrollo industrial del país.

 

La iniciativa significará una apertura al uso de estas semillas, así como el impulso de nuevas tecnologías para impulsar el desarrollo del sector: “hay varios temas que deben concretarse en la agenda campesina, algunos serán más sencillo de digerir que otros, pero tenemos que valorar las coincidencias para concretar la reforma lo antes posible”, agregó el también presidente de la Confederación Nacional Campesina (CNC).

 

En México, el uso de semillas genéticamente modificadas o transgénicas está establecido en la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM) aprobada en 2005, donde se estipulan tres etapas para los cultivos genéticamente modificados: la experimental, la liberación al ambiente en programa piloto y la comercial.

 

Durante 2009 y 2010, las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), y de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), aprobaron 29 permisos de liberación al ambiente en etapa experimental de maíz genéticamente modificado en los estados de Sonora, Sinaloa, Tamaulipas y Chihuahua. Posteriormente se ampliaron les permisos y ahora existen siembras experimentales en Jalisco y Coahuila.

 

Dichos permisos fueron otorgados a empresas transnacionales como Dow Agrosciences, PHI México y Monsanto.

 

Además del maíz, en México existen cultivos transgénicos de algodón y soya. En el primero, el gobierno federal otorgó 359 permisos para la liberación al ambiente de algodón genéticamente modificado en territorio nacional hasta mediados de 2013, a petición de compañías como Monsanto, Bayer, Dow AgroSciences y Pioneer Hi-Bred, según datos de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem) y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

 

Más de la mitad de los permisos para la siembra de algodón transgénico fueron emitidos durante la gestión de Felipe Calderón, quien aprobó 187 solicitudes para la siembra en más de dos millones de hectáreas en Tamaulipas, Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Baja California, Veracruz, San Luis Potosí, Colima, Durango, Zacatecas, Coahuila y Nuevo León.

 

Asimismo, en los últimos siete años, las autoridades mexicanas han concedido a las trasnacionales Monsanto y PHI México 43 autorizaciones para la siembra de soya transgénica en las fases experimental y piloto.

 

En marzo de 2013 se concedió la siembra de 253 mil hectáreas del grano genéticamente modificado a escala comercial en Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz y Chiapas.

 

El presidente de la comisión de Desarrollo Rural en el Senado, Fidel Demédicis, confirmó también a 24 HORAS que el tema de los transgénicos será incluido en la reforma al campo que impulsará el Ejecutivo.

 

“No hay duda que el gobierno quiera privatizar el campo, tal como lo hemos visto con las reformas energética y educativa, y con ello generar la dependencia alimentaria a partir de que compañías transnacionales sean las únicas dueñas del patrimonio de semillas en el país”, expresó el legislador perredista.

 

Subrayó los problemas de judicialización que genera el uso de estos productos, ya que a la fecha  Monsanto ha levantado varias demandas contra campesinos que tienen en sus tierras presencia de las semillas de la transnacional y que, sin embargo, no supieron cómo llegaron, y es que algunos ambientalistas han denunciado que las semillas genéticamente modificadas pueden polinizarse en varios cultivos al ser arrastradas por el viento.

 

“Se trata de un asunto delicado, porque se puede privatizar el campo en la medida en que las compañías serían las dueñas de la semilla, ante ello nuestra propuesta es que la reforma agraria promueva la investigación sobre semillas nativas”, señaló el legislador del PRD.

 

El Consejo Nacional Agropecuario (CNA), organismo que agrupa a 220 productores del país y que en conjunto aportan 75% de la producción nacional, presentó desde el año pasado una serie de propuestas de políticas públicas para el campo mexicano que incluyen el uso de semillas mejoradas con base en la ciencia para impulsar al sector.

 

Benjamín Grayeb, presidente del organismo, dijo en entrevista que el uso de transgénicos es tan sólo una herramienta en el impulso del sector agrario, sin embargo dijo que de no darles entrada México quedaría rezagado frente a otros países.

 

Agregó que el CNA ha mantenido acercamientos tanto con legisladores y organizaciones campesinas y ambientalistas para hacer propuestas para la reforma agraria, en donde se ha coincidido en la necesidad de realizar estudios en el país para analizar los beneficios de dichos cultivos.

 

DATO

 

 

En México, el uso de semillas genéticamente modificadas o transgénicas está establecido en la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, aprobada en 2005