El desahogo de las leyes secundarias de la reforma para combatir la corrupción en los tres niveles de gobierno es prioridad para la Cámara de Diputados, sostuvo el legislador Luis Maldonado Venegas (PRD).

 

En entrevista con 24 HORAS, el también el presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación explicó que el Sistema Nacional Anticorrupción descansará en pilares como el Sistema Nacional de Fiscalización; el Sistema Nacional de Transparencia; Acceso a la Información Pública, y Protección de Datos Personales.

 

Explicó que se trata de establecer una mayor intervención de la sociedad civil, de sus organizaciones y de la iniciativa privada para generar condiciones de gobernabilidad; por este motivo adelantó que ya se propone una legislación donde la sociedad sea activa y fortalezca las capacidades del gobierno.

 

Este paradigma, sostuvo, “es tan importante, que en el mediano plazo la participación ciudadana puede adquirir el carácter de un nuevo Poder, que regule y organice los procesos electorales, la defensa de los derechos humanos, la evaluación, vigilancia, control, supervisión, auditoría, transparencia y desempeño de la gestión en los tres Poderes de la Unión”.

 

Aclaró que la Auditoría Superior de la Federación (ASF), tal y como se conoce en este momento, “es un instrumento fundamental de control del Poder Legislativo hacia el Poder Ejecutivo”.

 

En este sentido, aclaró que la corrupción no es sólo un problema de los servidores públicos, sino de toda la sociedad, de ahí la importancia de la participación ciudadana en los esfuerzos de la autoridad, para prevenir y combatir el mal, así como para crear una cultura de legalidad y de honestidad, en las que todos tengamos parte y responsabilidad.

 

Precisó que los cambios al marco legal en puerta “deben dotar al comité coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción de un secretariado permanente y de un organigrama profesional que haga la operación de sus funciones y la evaluación de sus resultados”.

 

“Este secretariado deberá ser nombrado por la Cámara de Diputados por mayoría calificada, a fin de que rinda cuentas de su encargo al igual que los demás servidores públicos”, puntualizó.

 

Aseguró que el Poder Legislativo también será sujeto obligado en materia de transparencia y rendición de cuentas, ya que deberá establecer reglas de ética y de prevención del conflicto de intereses.

 

“Incluye, la rendición de cuentas sobre las asignaciones que reciben los grupos parlamentarios, las conocidas como subvenciones, porque el Legislativo no puede quedar al margen de los esfuerzos nacionales para revertir esta problemática”, dijo.