La reforma sanitaria que se prevé sea presentada en octubre abrirá la puerta a la iniciativa privada para la prestación de servicios médicos a los afiliados y derechohabientes del sistema de salud pública.
Julio Frenk, ex secretario de Salud durante el sexenio de Vicente Fox, recordó que desde hace 15 años las autoridades sanitarias han discutido el tema y hoy existe un consenso para modificar el sistema de salud e incluir a la iniciativa privada.
Durante el Foro Convergencias y Oportunidades, Inversión Privada en Salud, el decano de la Escuela de Salud Pública de Harvard, aclaró no obstante que bajo este esquema el Estado tiene que mantener la rectoría del sector y debe garantizar que los servicios sean de calidad, así como financiar la mayoría de las atenciones para reducir el gasto de los pacientes.
En tanto, los empresarios pueden participar en la prestación de servicios, así como en la generación de recursos médicos, personal calificado, dispositivos, equipos y fármacos.
“Todo mundo tiene que poder ir a cualquier establecimiento de salud, y ya luego que pague el seguro correspondiente, o sea el IMSS, el ISSSTE, el Seguro Popular o incluso un seguro privado. Pero uno como ciudadano puede ir a cualquier hospital siempre y cuando esté acreditado por las autoridades”, señaló Frenk.
Desde el año pasado, la titular de la Secretaría de Salud, Mercedes Juan, ha insistido en la necesidad de que el sector privado participe en el sector.
Asimismo, en una entrevista previa con este diario, el comisionado del Seguro Popular, Gabriel O’Shea, adelantó que la reforma sanitaria incluirá la creación de un fondo único de recursos administrado por la Secretaría de Salud y con el cual se pagará a las instituciones médicas que hayan brindado atención a los derechohabientes de las instituciones públicas.
Javier Acuña, director general del Consejo para el Fomento de la Ética Médica, Dispensación y uso Racional de Medicamentos (Cofemedir), dijo que el sector privado se encuentra listo para compartir su experiencia e innovación con las autoridades sanitarias a través de alguna de las cuatro formad de Asociación Público Privadas Integrales (APPI) que existen en la legislación mexicana y que permiten a los consorcios privados diseñar, construir y operar las instalaciones, es decir, prestar servicios médicos.
Datos oficiales señalan que un tercio de las consultas médicas y una quinta parte de las hospitalizaciones de las personas afiliadas a alguna institución del sector público de salud se realizan en el servicio privado, debido a que los pacientes están insatisfechos con los servicios públicos.
Aunado a lo anterior, 12% de los más de 130 mil millones de pesos del presupuesto en salud es para gastos administrativos, cuando en los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el promedio es de 3%.
Durante el foro, los especialistas coincidieron que la participación de las empresas permitirá la reducción del gasto de bolsillo de los pacientes, quienes destinan casi cinco pesos de su sueldo al pago de consultas, hospitalización y medicamentos.
La iniciativa privada tiene oportunidades en el área de envejecimiento y geriatría, atención de enfermedades crónico degenerativas, así como cuidados paliativos.