El escándalo de Oceanografía tiene una pieza clave: Mario Alberto Ávila Lizárraga, subdirector de Mantenimiento y Logística en Servicios Marinos de Pemex Exploración y Producción (2010-2012). Desde su oficina se palomearon contratos millonarios con empresas ligadas a la élite panista y que tienen en la punta del iceberg a Juan Camilo Mouriño, ex secretario de Gobernación, fallecido en un accidente aéreo en 2008.

 

Ávila Lizárraga, quien fue impulsado  por Mouriño como candidato a gobernador de Campeche por el PAN, es señalado como responsable de otorgar licitaciones millonarias a empresas de sus hermanos y esposa, además de Oceanografía y corporativos ligados al ex secretario de Gobernación en el gobierno de Felipe Calderón.

 

De asistente a alto ejecutivo

 

 

Antes de llegar a la empresa paraestatal, el panista fue conocido por su estrecha relación con Juan Camilo -fallecido en un accidente aéreo en noviembre de 2008 en la Ciudad de México-, incluso durante su campaña reconoció que le debe su carrera política al ex funcionario calderonista.

 

Gracias al ex titular de Segob, Ávila pasó, en menos de 10 años, de ser un modesto asistente en la campaña de Vicente Fox  a un alto ejecutivo de Pemex.

 

Previo a su ascenso en uno de los puestos más codiciados en la paraestatal, debido al volumen de contratos millonarios que se manejan, Mouriño lo colocó en 2002 como delegado de Sedesol en Campeche, y en 2008 lo impulsó para contender por la gubernatura, que perdió ante el priista Fernando Ortega Bernés.

 

Tras su derrota, el hermano de Mouriño, Carlos, cabildeó para que lo nombraran subdirector de Mantenimiento y Logística en Servicios Marinos de Pemex Exploración y Producción.

 

En dos años, según denuncias de la oposición e investigaciones de la PGR, la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública, favoreció a empresas ligadas a panistas con contratos todavía vigentes.

 

La triangulación

 

 

Durante su estancia como alto funcionario de Petróleos Mexicanos, tres empresas, además de Oceanografía, fueron beneficiadas con contratos millonarios: Representaciones y Distribuciones Evya, Transportes Especializados Ivancar y Grupo Empresarios del Sureste SA de CV, todas con conexiones panistas.

 

De 2010 a 2012, Oceanografía obtuvo cinco contratos, por los cuales, recibió más de 8 mil millones de pesos al amparo de Ávila Lizárraga, y su jefe directo, Carlos Morales Gil, director de Pemex Exploración y Producción, quien renunció hace unas semanas a ese puesto y se encuentra en las líneas de investigación de la PGR. Estos contratos fueron otorgados en el ámbito local, independientemente de los que las oficinas centrales de Pemex dieron a la firma.

 

De acuerdo con denuncias realizadas por Luis García, líder del PRD en Campeche, otra de las empresas beneficiadas es Representaciones y Distribuciones Evya, la cual, obtuvo 7 mil millones de pesos en contratos, a través de una “red de corrupción” operada por Ávila y que involucra a Federico Jacobo García, gerente de Administración y Mantenimiento.

 

El apoderado legal de Evya, Mario Jacobo García Gordillo, es hermano del alto funcionario de Pemex, y aun así la oficina del panista Alberto Ávila dio luz verde a los contratos millonarios.

 

Con Transportes Especializados Ivancar, propiedad de la familia Mouriño, y dedicada al transporte de hidrocarburos, aunque sólo cuenta con cinco pipas, una comisión de vigilancia de la Cámara de Diputados constató el pago de 500 facturas por parte de Pemex.

 

Además, a través del contrato 428222880, una licitación convocada por el propio Ávila Lizárraga entregó un contrato de 422 millones 479 mil 928 pesos a Grupo Empresarios del Sureste SA de CV, empresa de la que su esposa Maribel Gutiérrez era apoderada legal.

 

También se han constatado la entrega de contratos a la empresa Marinsa de México, dirigida por un hijo de la ex diputada local panista de Campeche, Lourdes de los Ángeles Solís Sierra.

 

Quien supuestamente lideró esta red de corrupción, Mario Alberto Ávila, presentó su renuncia a Pemex, el 7 de diciembre de 2012, días después de que Enrique Peña Nieto llegara a la Presidencia.

 

Su última residencia conocida fue en Texas, Estados Unidos, ahora forma parte de las principales líneas de investigación de la PGR que podrían alcanzar el primer círculo de Calderón.