Los presidentes del Senado, Roberto Gil Zuarth y de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva, coincidieron en que la investigación en el caso de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala es facultad exclusiva de la Procuraduría General de la República, por lo que no se tiene que anticipar juicios sobre las indagatorias.

 

Ante el informe presentado por el Equipo Argentino de Antropología Forense, respecto a lo ocurrido con los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, el senador panista, Roberto Gil, consideró que se trata sólo de una posición a partir de un estudio que han realizado los expertos, en el marco de una colaboración con la Procuraduría General de la República.

 

“Es el ministerio público, la Procuraduría, la que debe de presentar las conclusiones finales y sería muy deseable para la salud de la certeza y de la verdad sobre estos hechos, que esperemos a que las instituciones se pronuncien y que sea la propia Procuraduría General de la República, con base en los elementos que tenga en su expediente, quien nos explique, nos determine y nos diga qué sucedió ese día en Iguala”, afirmó.

 

En tanto, el diputado Zambrano Grijalva, consideró que con los resultados del peritaje presentado por el EAAF, se confirma que la “verdad histórica”, es insostenible.

 

Explicó que es el gobierno de la República quien tiene la responsabilidad fundamental de perseguir,  clarificar los delitos y en su caso fincar las responsabilidades que correspondan y los demás órganos son coadyuvantes.

 

Reconoció que ante la gravedad del tema, es conveniente que este asunto sea resuelto por la ciencia, y por la técnica, “yo subrayo que es un asunto que más allá de las especulaciones, sea resuelto poniendo cada parte lo que tiene, para que con base en peritajes científicos, con la técnica más avanzada, se diga lo que pasó o no pasó”, finalizó el diputado Jesús Zambrano.

 

Consultado por 24 HORAS, Marcos Perafán Gómez, abogado constitucionalista y consultor legislativo, explicó que tanto el Grupo de Expertos Independientes, el Equipo Argentino de Antropología Forense y la Comisión Especial conformada en la Cámara de Diputados para dar seguimiento a las investigaciones del caso, tienen el carácter coadyuvante, sin embargo, las autoridades no están obligadas a seguir sus recomendaciones.

 

No obstante, aclaró que en caso de que los padres o cualquier grupo de expertos, presente una petición o comunicación ante la Comisión interamericana de Derechos Humanos por una posible violación de derechos humanos, y en su momento, dicho organismo decida iniciar un juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la sentencia de esta instancia internacional sí sería vinculante con el Estado mexicano y las autoridades estarían obligadas a acatarlas.

 

“Sin embargo espero que la PGR sea receptiva con las conclusiones ofrecidas en el dictamen presentado por el EAAF, como en su momento lo hiciera con el informe elaborado el año pasado por el GIEI, y en su caso, abrir nuevas líneas de investigación”, concluyó Perafán Gómez.