El Gobierno del Distrito Federal argumentará la falta de sustento jurídico por parte de la Federación para no resarcir los 489 millones de pesos reclamados por la Secretaría de la Función Pública, por recursos no comprobados en la construcción de la Línea 12.

 

“Una de las posibilidades que tenemos es el considerar que este requerimiento de cobro que nos hace la Secretaría de la Función Pública carece de un sustento jurídico para realizarlo”, informó el consejero jurídico del gobierno capitalino, José Ramón Amieva.

 

El funcionario capitalino explicó que esta falta de sustento jurídico se debe a que todo acto administrativo debe estar debidamente fundamentado y, por tratarse del gobierno federal, debe haber una facultad expresa que determine emitir un acto de dicha índole.

 

“En este caso hay un oficio enviado a la administración pública del Distrito Federal en donde se pide se gestione la devolución de ciertos recursos federales; nosotros estamos haciendo el análisis de la legalidad y validez de ese oficio que se ha dirigido y veremos si se tiene sustento jurídico”, puntualizó.

 

Amieva detalló que se analiza que dicho oficio esté legalmente fundado y motivado, así como la Secretaría de la Función Pública haya contado con atribuciones y facultades para emitirlo, solicitando la devolución de los recursos, así como los plazos que dan las normas. Por lo anterior, aclaró que aún están en tiempo para interponer recursos jurídicos.

 

Destacó que para analizar dicha estrategia se trabaja de manera conjunta entre la Procuraduría Fiscal, la Consejería Jurídica y la Contraloría General del gobierno capitalino, e informó que ya habido un acercamiento entre la Secretaría de Finanzas y de la Contraloría General con funcionarios de la Secretaría de la Función Pública.

 

Las otras vías

 

El funcionario capitalino destacó que otra alternativa legal para resolver el conflicto entre autoridades federales y locales es acudir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que dicha dependencia haga la reinterpretación sobre los recursos reclamados que salieron del Fondo Metropolitano, a petición o sugerencia de la Comisión Investigadora de la Línea Dorada en la ALDF.

 

Comentó que sería una opción muy válida, pero que estaría a cargo de la Secretaría de Finanzas, pues sólo la Secretaría de Hacienda es la dependencia que acredita el correcto uso del gasto público, a través de ejercicios anuales.

 

Amieva Gálvez agregó que esta segunda opción también podría ser una salida jurídica al conflicto y añadió que esta semana podrían dar a conocer el recurso jurídico que van a utilizar para tratar de no devolver los 489 millones que reclama la Federación.