El gobierno federal, en coordinación con el de Michoacán, investiga si el dinero que mediante supuestas extorsiones obtuvo el alcalde de Apatzingán, Uriel Chávez, fue blanqueado y enviado a Los Caballeros Templarios, o si por el contrario, fue aprovechado por el edil para su propio beneficio o el de otro grupo delictivo.

 

Para ello, revelaron fuentes consultadas, se inició una verificación de los movimientos bancarios de cuentas vinculadas con Chávez, a través de la Unidad de Análisis Financiero de Procuraduría General de la República (PGR)  en coordinación con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), para identificar el destino del dinero presuntamente obtenido de forma ilícita.

 

Chávez se encuentra preso en un penal de Michoacán acusado del delito de extorsión, sin embargo, se trata de una acusación local. A nivel federal aún no se le imputa ningún delito pese a los señalamientos de supuestos vínculos con el crimen organizado, porque la indagatoria, que incluye el posible financiamiento a los delincuentes, sigue en curso.

 

Hasta ahora, la SEIDO no le ha tomado alguna declaración al edil y tampoco se le ha girado ninguna orden de presentación, pues se indicó que no se cuenta aún con las pruebas suficientes. Uriel Chávez, tampoco acudió en algún momento a testificar ante el Ministerio Público federal voluntariamente.

 

“Hay una indagatoria a nivel federal en la que está involucrado él y otros alcaldes, pero aún se reúnen las pruebas. Es clave aquí identificar el destino del dinero que de acuerdo con la acusación obtenía Chávez para ver la conexión con el crimen organizado, porque el tema hasta ahora es de una extorsión o fraude”, indicó un funcionario ministerial.

 

Las investigaciones por la protección oficial que habrían recibido los Templarios en Michoacán, y que según el propio procurador, Jesús Murillo Karam, involucrarían a varias personas, han derivado en un arraigo para el ex secretario de gobierno de Michoacán, Jesús Reyna.

 

El líder transportista, José Martínez Pasalagua, y el ex alcalde de Tepalcatepec, Guillermo Valencia, señalados por participar en reuniones con templarios, rindieron declaración, pero de momento no se procedió en su contra. Por el momento la averiguación no ha sido consignada.

 

Dos hipótesis

 

Autoridades con conocimiento del caso indicaron que a partir de la acusación formulada a nivel local por el delito de extorsión en contra del alcalde de Apatzingán, existen dos hipótesis de investigación.

 

La primera de ellas es que en efecto los recursos estuvieran destinados a líderes de Los Caballeros Templarios o incluso a otro grupo distinto del crimen organizado.

 

En ese contexto se busca identificar su participación en la red delictiva para fincarle cargos de delincuencia organizada y si se verifica que los recursos fueron blanqueados a través de terceros, podría configurarse también el delito de lavado de dinero. Ambos ilícitos son federales y considerados graves.

 

La otra hipótesis es que Chávez aprovechara el membrete de Los Templarios para extorsionar a los funcionarios locales y aprovechar el dinero que pudo haber obtenido en beneficio propio, lo que dejaría el caso en una acusación de extorsión como hasta ahora.

 

En cualquier caso, es vital la identificación de la ruta del dinero de los recursos que obtuvo a través de estas intimidaciones, lo que de momento no se ha logrado.

 

De acuerdo con la información que se ha revelado públicamente, tras la detención de Chávez, el alcalde de Apatzingán extorsionaba a los regidores del municipio pidiéndoles hasta 40% de su salario de 52 mil pesos, bajo el argumento de que así lo exigían personas ligadas a “la empresa”, como también se le conoce a Los Templarios en la región.

 

Incluso, se presume que Chávez simulaba reuniones del Cabildo para autorizar el desvió de recursos federales a terceros, para su beneficio propio o el de algún grupo criminal.