El cliente solía ser el que mandaba en los restaurantes de México. Eso dejó de ser una realidad a partir que los restauranteros ceden a las presiones de los grandes monopolios de las industrias refresquera y cervecera, e incluso alcoholera.
Seguramente usted ha sido víctima alguna vez de este atropello que atenta contra la democratización de las opciones con valor para el consumidor y al desarrollo de la economía con base en la oferta de alternativas.
En lo particular me he percatado que con frecuencia en restaurantes de cierto nivel cuando alguien pide una cerveza en particular el mesero ofrece exclusivamente la opción de la competencia. Lo mismo sucede con los refrescos. Ante tal situación, pocos mexicanos mostramos inconformidad con la gerencia y, menos aún, castigamos esa ‘lealtad’ de un restaurante a un monopolio con el desprecio y el señalamiento público.
¿Desde cuándo debemos tolerar la imposición de los grandes consorcios? ¿Por qué tolerar que los grandes consorcios hagan plata con nuestra indolencia? O bien, si vamos a poner de oferta nuestra voluntad ¿por qué no le decimos al mesero tráigame la cerveza que se le dé la gana al dueño?
La ‘alternativa’ debería de ser un estilo de vida en un mundo sobrecalentado por el consumismo y al borde del colapso social por culpa de un capitalismo deshumanizado. La efectiva oferta democrática de opciones debería ser la exigencia del consumidor hacia una autoridad tibia, Secretaría de Economía, y una Profeco indolente.
Para nadie es un secreto que los monopolios cerveceros y refresqueros ofrecen a los restauranteros refrigeradores, carpas, manteles, lonas, propinas… a cambio de esa despreciable exclusividad contraria, en ocasiones, al deseo del cliente final.
Claro que existe una regulación que ‘prohíbe’ esas relaciones de exclusividad, pero los restauranteros argumentan que es su derecho -por gusto o estrategia de negocio- hacer el deal con una marca en particular (la que les da beneficios), ante esa argumentación amañada el derecho del comensal que exige alternativas es castigar al establecimiento.
Esta situación no es privativa sólo de establecimientos tipo fondas o taquerías, es una práctica que llega hasta los restaurantes de buen nivel, establecimientos que saben que en México la gente no sabe exigir… y no le interesa castigar si es que el lugar que frecuenta le da estatus… aunque no coma o beba lo que le gusta.
El tema de UBER y su oferta de movilidad urbana es un ejemplo claro de cómo hay fuerzas que se resisten a la entrada de un modelo de negocio que ofrece una alternativa a un segmento de mercado que está harto del servicio de taxis controlado por mafias que se enquistan en el gobierno de la Ciudad de México y en liderazgos sociales corruptos.
Vivimos una época en que las alternativas deberían de ser la columna vertebral de un estilo de vida generalizado que empuje el cambio.
México necesita voluntades que hagan valer su poder como consumidores capaces de escuchar su opinión a través de la tecnología móvil y redes sociales. Consumidores decididos a exigir sus derechos tanto a políticos y gobernantes como a establecimientos comerciales.
¿Hasta cuándo entenderemos el adagio que dice: ‘El que paga manda’ ya sea en una elección que nos cuesta más de $5 mil millones de pesos, una nómina burocrática que suma muchos miles de millones más o en una comida en la que queremos beber una cerveza determinada?
Si buscamos el cambio, empecemos por dejar de poner en oferta nuestra voluntad en beneficio de los monopolios.