Al parecer, a la mayor parte de los gobiernos y los congresos no les corre prisa por echar a andar los sistemas locales anticorrupción, y los números lo demuestran. Hasta el 14 de julio pasado sólo seis estados han designado fiscal anticorrupción, y son Chiapas, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Sonora y Tamaulipas, y si eso se suma que a nivel federal el proceso ya totalmente politizado, pues las cosas no pintan bien en la materia.

 

Y es que todos los gobiernos y todos los partidos tienen cola que les pisen, y no se quieren someter a las nuevas reglas que a partir del 18 de julio debían estar en marcha en todo el país.

 

El diseño de este nuevo sistema, sin duda, ejerce una gran presión sobre los manejos de la administración pública local y federal, por lo que vale la pena revisar los datos del Semáforo Anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), el cual registra sólo 16 estados con una reforma satisfactoria en su Constitución Local para la instauración del Sistema Nacional Anticorrupción.

 

Y es que con los dientes que otorga la nueva legislación se prevé que se multipliquen las sanciones contra funcionarios y empresarios corruptos. Tomando como ejemplo a Chiapas, estado ubicado en el sexto sitio en ejercicio de transparencia en el país y que desde hace siete meses promulgó su ley y designó fiscal, se proyecta un incremento considerable en avances en las acciones que buscan prevenir, investigar y castigar actos de corrupción cuando en los últimos cuatro años del ejercicio de Manuel Velasco sancionó a dos mil 595 servidores y ex servidores públicos, inhabilitó a otros mil 85 y aplicó mil 308 multas por ejercicio indebido de funciones.

 

Pero el caso es que a nivel federal todo sigue atorado, porque a pesar de que todos los institutos políticos aprobaron en el Senado hace más de dos años el diseño de la Fiscalía Anticorrupción, hoy, ante la posibilidad de la alternancia, ven en ese órgano una herramienta política para usarse contra sus adversarios y, de plano, por eso ya no quieren que el procurador Raúl Cervantes pase a ser el primer fiscal general -como establece la reforma judicial-, porque el área anticorrupción será autónoma, pero bajo seguimiento directo del titular de la Fiscalía General de la República, en un esquema similar al de la Fiscalía para Delitos Electorales.

 

Y es que el Senado estableció en su diseño amplias facultades para la Fiscalía Anticorrupción, pero también un contrapeso para evitar su uso político, ya que, por ejemplo, puede pedir información bancaria a otros países sobre funcionarios mexicanos investigados por corrupción, pedir a todos los Gobiernos locales información para sus indagatorias, nombrar a los agentes del Ministerio Público que realizarán las investigaciones, solicitar órdenes de arraigo y atraer casos de corrupción cometidos en los estados, entre otras acciones.

 

Penoso, sin duda, que hoy la Fiscalía Anticorrupción y su Sistema Nacional sean vistos como botín piloto por los partidos, en lugar de como una herramienta para erradicar una práctica que carcome desde su nacimiento a México.

 

caem