La reforma fiscal no fue suficiente para saciar el apetito del gobierno y de una clase política dispuesta a llevar al gasto público a su nivel más alto de la historia.
Esa reforma fiscal que elevó los impuestos directos a los ciudadanos y a las empresas el año pasado -situación que ensalzó el presidente Peña Nieto la semana pasada- confirmó que en medio de un pálido crecimiento económico ahora se tiene a un gobierno más rico y a una población más empobrecida. Ha quedado demostrado que la transferencia de riqueza de los bolsillos de los hogares y de las empresas hacia el sector público, por la vía tributaria, ha sido una de las causantes de la ausencia de dinamismo económico en los meses recientes.
Pero esta transferencia de riqueza desde los hogares y empresas hacia el gobierno no sólo se ha restringido a la reforma fiscal con todo y sus incrementos en los impuestos. Ahora, ante la amenaza que se cierne sobre potenciales recortes al gasto presupuestario aprobado por el Congreso para este año derivado de la brutal caída de los precios del petróleo, también serán los bolsillos de los consumidores los que paguen las consecuencias.
Ya el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, se adelantó la semana pasada a tranquilizar a los inversionistas por los efectos nocivos derivado de la caída de los ingresos petroleros en las finanzas públicas. Ni más deuda, ni mayor déficit, fue el mensaje del secretario. En todo caso -dijo- se recortaría el gasto público. Un mensaje que lució prudente, responsable y que, por lo tanto, cumplió su objetivo de tranquilizar a los mercados.
Pero el secretario no dio la explicación completa acerca de cómo el gobierno piensa enfrentar el choque de menores ingresos petroleros sobre el gasto público.
La parte pública que ha explicado Videgaray ante los medios ha sido la contratación de coberturas financieras (una especie de ‘seguros’) para enfrentar esta contingencia de precios bajos. Pero dado que no todas las exportaciones petroleras que el gobierno estima para este año están cubiertas con este ‘seguro’, sino sólo 57% de las exportaciones petroleras totales; entonces existe un impacto fiscal por el restante 43% de las exportaciones petroleras previstas. Banamex calcula que la caída en los ingresos petroleros brutos provocaría un déficit para el gobierno de seis mil 500 millones de dólares (0.5% del PIB).
Lo que no ha dicho Hacienda públicamente es que se prevé que la afectación al gasto público sea realmente menor porque una buena parte de este déficit de seis mil 500 millones -alrededor de 66%- se compensaría con las ganancias que obtiene Hacienda por vender gasolinas caras en México.
No hay que olvidar dos datos: Que casi la mitad de las gasolinas que vende Pemex proviene de Texas a precios muy inferiores a los que las vende en México, por lo que sus ganancias se han incrementado sustancialmente. Y que a pesar de que los precios de las gasolinas en EU han bajado, con todo en enero de este año los precios de las gasolinas en México se incrementaron 1.9%, trasladando una potencial ganancia para el consumidor mexicano a las arcas del gobierno. Ello (el ‘arbitraje’ por los precios de las gasolinas) significa para Hacienda una ganancia neta de cuatro mil 290 millones de dólares, según cálculos publicados por Banamex.
Esta insaciable política de extraer riqueza de los bolsillos de los consumidores (no sólo vía impuestos, sino también a través de precios públicos como la venta de gasolinas caras) para financiar un gasto público con una alta dosis de opacidad, de ineficiencia y de corrupción es simplemente inadmisible.
Ante la caída petrolera, los consumidores pagarán y los políticos mantendrán el gasto que se asignaron.