MADRID.- El presidente del Gobierno regional de Cataluña, Carles Puigdemont, eludió ayer aclarar si la semana pasada declaró la independencia de esa comunidad autónoma, como le requirió el Ejecutivo español, el cual le emplazó a volver a la legalidad antes del próximo jueves.
Puigdemont envió ayer una carta al Gabinete, pero evitó pronunciarse sobre la demanda del Presidente de España, Mariano Rajoy, y pidió al Gobierno central “dos meses” para dialogar.
Rajoy respondió de forma inmediata, también por carta:
“Nunca en toda su historia los ciudadanos de Cataluña han gozado de más libertades, de más autonomía política y financiera que durante esta etapa democrática”, dice la misiva.
Además, el Gobierno español, en voz de su vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, le exigió ayer dar una respuesta “clara” antes del 19 de octubre (fecha del segundo plazo del requerimiento citado) para acabar “con la incertidumbre” de los ciudadanos.
Si no hay respuesta convincente el Ejecutivo de Rajoy aplicará el artículo 155 de la Constitución, que le faculta para asumir directamente competencias que hasta ahora ejerce el Gabinete catalán.
En su carta, Rajoy advirtió a Puigdemont de que éste será “el único responsable de la aplicación de la Constitución”, en referencia a su artículo 155.
En este punto el Gobierno español tiene el respaldo del primer partido de la oposición, los socialistas del PSOE, cuyo portavoz, Óscar Puente, calificó hoy de “inadmisible” la respuesta de Puigdemont y dijo que si se aplica el artículo 155 será el presidente regional su único responsable
Este cruce de declaraciones tuvo lugar en una jornada en la que la jueza de la Audiencia Nacional de España Carmen Lamela envió a prisión sin fianza a los líderes de las organizaciones independentistas Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente, por el delito de sedición.
La magistrada los acusa de “promover” el 20 de septiembre el asedio por el que varios agentes de la Guardia Civil (en calidad de policía judicial) permanecieron casi 24 horas encerrados en la Consejería de Economía catalana en un registro vinculado a los preparativos de la consulta ilegal.
Sin embargo, dejó en libertad al jefe de la Policía regional catalana (Mossos d’Esquadra), Josep Lluis Trapero, acusado también de un delito de sedición, aunque le retiró el pasaporte y le prohibió salir de España.
La magistrada dictó las mismas medidas cautelares para la intendente de la policía regional catalana, Teresa Laplana, para quien la Fiscalía había pedido prisión eludible bajo fianza de 40.000 euros.
*edición impresa 24 Horas
caem