El 11 de junio el Coordinador Nacional de Protección Civil Luis Felipe Puente  y el presidente de la Comisión de Protección Civil del Senado, Héctor Yunes Landa, recibieron un estudio de la OCDE en el que se advertía, entre otras cosas, que no había suficiente información en materia de prevención de desastres, que los tiempos de respuesta necesitaban mejorarse y que estados como Guerrero tenían un atlas de riesgos desactualizado y sin acceso al público.

 

Cuatro meses más tarde, tras el golpe de las tormentas tropicales Ingrid y Manuel suman 80 las personas muertas, daños económicos y en la infraestructura básica en más de la tercera parte del territorio.

 

“Los mejores resultados vienen cuando se tienen políticas integrales de prevención, cuando se actúa oportuna y coordinadamente”, dijo Puente aquel día de junio, en el evento público en que recibió la evaluación hecha por los especialistas de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) sobre el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC).

 

Los resultados no solo los conoció este funcionario. El acto fue encabezado por los principales brazos del Sistema de Protección Civil: Ricardo de la Cruz Musalem, Director General de Protección Civil; Enrique Guevara Ortiz, Director General del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED); y José María Tapia Franco, Director General del FONDEN, todos dependientes de la Secretaría de Gobernación. Y por el Poder Legislativo estuvo Yunes Landa, que también recibió la evaluación completa.

 

Sin embargo, en el seno del SINAPROC, que encabeza la Secretaría de Gobernación, no se implementó ninguna de las recomendaciones. Peor aún, de acuerdo con distintas fuentes consultadas por este diario confirmaron que no se revisaron y actualizaron los inventarios de recursos y equipo para situaciones de emergencia, ni los mapas de riesgo; tampoco se elaboraron los escenarios para prevención de riesgos en el país, ni siquiera ante la temporada de ciclones. Mucho menos se elaboró el Programa Nacional de Protección Civil y se echó andar, operativamente, la estructura y estrategia del propio Sistema.

 

Sólo el cascarón

 

El estudio de la OCDE, del que 24 HORAS tiene copia, advirtió que el Sistema Nacional de Protección Civil, que se creó tras el terremoto de 1985, aún con los avances que ha tenido, muestra deficiencias y carencias que necesitan atenderse para minimizar los riesgos en un país propenso a desastres naturales, como las tormentas y huracanas.

 

Una de esas fallas es la falta de información. El análisis reveló que al menos 11 estados del país no cuentan con atlas de riesgos efectivos. Entre esas entidades se encuentra Guerrero, cuyo atlas no sólo está desactualizado sino además nadie lo conoce, pues no es de acceso público.

 

Más grave es la situación a nivel municipal, pues sólo una fracción ínfima de los 2 mil 400 municipios del país cuenta con un atlas, situación delicada pues es a este nivel donde se puede adecuar el uso de suelo dependiendo de la geografía y los riesgos y así, por ejemplo, no construir casas en zonas vulnerables.

 

La OCDE advirtió a Gobernación sobre la necesidad de revisar los mecanismos de previsión de riesgos, pues no debía descartarse la posibilidad de que los fenómenos fueran más intensos y atípicos.

 

“Los registros de fenómenos naturales pasados podrían no se representativos de lo que suceda en el futuro. Por ejemplo, la exposición a inundaciones en puertos de la costa del Golfo podría aumentar debido al incremento en el nivel del mar y cambio en los patrones de tormentas tropicales”, señala el estudio.

 

También se hizo énfasis en problemas en los tiempos de reacción, pues aunque  Ejército y Marina cuentan con planes de emergencia establecidos desde hace tiempo, hay “equipos de respuesta inmediata a nivel estatal y municipal que siguen rezagados”.

 

Las recomendaciones

 

La OCDE presentó al gobierno mexicano distintas recomendaciones. Una de ellas, por ejemplo, fue la creación de un sistema homologado de alertas tempranas, con un sistema sencillo que integre un semáforo de colores comprensible del nivel federal al municipal.

 

También se urgió dirigir recursos técnicos y financieros para la elaboración de los atlas con los que no se cuenta, transparentar la información y mejorar la coordinación. Se sugirió, además, elaborar un Atlas Nacional de Impacto y Vulnerabilidad ante el Cambio Climático.

 

Luis Felipe Puente prometió en el acto de entrega del documento, no sólo que se atenderían los resultados, sino que se crearía un grupo conjunto con la OCDE para definir líneas de acción y atender distintas vertientes como los tiempos de reacción.

 

La estructura del SINAPROC

 

El problema es más de fondo. El andamiaje legal y la estructura básica del Sistema Nacional de Protección Civil se fue construyendo desde 1986, pero no tiene capacidad operativa, reconocieron funcionarios vinculados con esas tareas.

 

La Secretaría de Gobernación encabeza el SINAPROC, y apoyándose en la Dirección de Protección Civil reúne el trabajo del CENAPRED, CONAGUA o CISEN, por ejemplo, y convoca a todas las secretarías de estado para desarrollar estrategias de prevención y atención a emergencias. La estructura incluye a todos los gobiernos de los estados que, a su vez, deben contar con unidades de protección civil que integran el trabajo de las secretarias, cuerpos de emergencia y seguridad, y a los gobiernos municipales.

 

Por ello Gobernación a partir de la información que se recabe de los distintas áreas especializadas elabora los escenarios de riesgo y convoca a los integrantes del Sistema, para implementar las medidas preventivas que sean necesarias para preservar la seguridad de la población y de la infraestructura.

 

Con la aparición de “Ingrid” y “Manuel”, reconocieron las fuentes, desde el 13 de septiembre, al conocer el escenario de riesgo que existían en el país ante las lluvias de grandes dimensiones, se debieron generar esos escenarios, convocar al gabinete federal y establecer un puente de comunicación urgente con los gobiernos estatales.

 

El siguiente paso, también urgente, era difundir la información a la población, alertando de la amenaza que representaba, para que evitara viajar, compara víveres o se refugiara en alguno de los albergues que, desde el sábado debieron quedar instalados.

 

La coordinación también significaba revisar el inventario de equipo y personal capacitado que tiene cada estado para prestar auxilio a los ciudadanos; así como los lugares más vulnerables que debieron ser obligatoriamente evacuados, y movilizar al personal federal que fuera necesario para apoyar en la emergencia.

 

Ninguna de esas medidas se adoptó, “fallo el Sistema”, reconoció un funcionario federal, y la tragedia aún no se puede dimensionar porque ni siquiera las fuerzas federales tienen la capacidad de actuar en una situación como la que existe en este momento en el país, “por sus dimensiones y menos aún si no existió un plan de acción preventivo como ocurrió”.