El proyecto hidroeléctrico que se plantea como parte del Plan Nuevo Guerrero, y que sería construido en el río Papagayo, donde hace varios años se propuso construir la presa La Parota, amenaza con agravar la actual tensión que se vive en la zona tras la desaparición de 43 normalistas.
“Se está impulsando el Plan Nuevo Guerrero, tenemos información de que hay planes de que se reactive, ahora este tema de Ayotzinapa lo vino como a colocar en un segundo plano, pero vamos a seguir insistiendo para frenar el proyecto”, dijo Vidulfo Rosales Sierra, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, organización que tuvo un papel protagónico en las movilizaciones para frenar el proyecto hidroeléctrico y que ahora representa a los padres de los estudiantes desaparecidos.
En su artículo sexto transitorio, el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 –publicado en noviembre de 2013– asignó siete mil millones de pesos al Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales (Fonden) para Guerrero; asimismo, el documento establece la encomienda a la banca de desarrollo de elaborar estudios de preinversión y, en su caso, realizar proyectos ejecutivos de nueve proyectos, entre ellos la construcción de una hidroeléctrica en el río Papagayo.
Días antes de la publicación del PEF 2014, el 7 de noviembre del año pasado, el presidente Enrique Peña Nieto presentó el Plan Nuevo Guerrero y anunció una hidroeléctrica en la misma zona donde se planeaba construir La Parota, considerado el megaproyecto hidroeléctrico más importante de la administración de Vicente Fox y que fue cancelado por la oposición de amplios sectores de Acapulco y las zonas aledañas.
Ahora, dentro de los Programas y Proyectos de inversión de la Comisión Federal de Electricidad, en el apartado denominado “Sin asignación de recursos en el 2015” está el llamado Nuevo Guerrero. Bajo la clave 1018TOQ0054 su descripción dice: El proyecto hidroeléctrico La Parota se plantea para tener una capacidad bruta de 452.3 MW en dos unidades de 226.125 MW cada una (225 MW de capacidad neta) más 5 de los Hilamos.
La información ha puesto en alerta a los habitantes de esa zona de Guerrero, quienes temen la posible la reubicación de 20 mil personas, inundación de 13 poblados y daño ambiental irreparable.
Al respecto, Vidulfo Rosales asegura que los opositores cuentan con sentencias a su favor. El Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa La Parota (Cecop) ganó juicios en juzgados nacionales e internacionales para detener el proyecto. Incluso en 2012 firmó con el gobernador Ángel Aguirre un convenio para que el Ejecutivo estatal rechazara el proyecto.
En junio pasado, fue detenido uno de los líderes de la Cecop, Marco Antonio Suástegui, acusado de 15 delitos entre ellos despojo; en agosto fue trasladado al penal de máxima seguridad de Nayarit, por lo que uno de sus defensores legales, Vidulfo Rosales, calificó la decisión como un acto de represión política.
Según el abogado de Tlachinollan el conflicto por la hidroeléctrica está lejos de resolverse, y pese a que quedó en segundo plano por la desaparición de los normalistas tarde o temprano regresará a la agenda guerrerense, lo cual muestra que no hay paz social.