La red de protección al Cártel de Los Zetas en Coahuila, estaría conformada por al menos 12 funcionarios y ex funcionarios públicos, y ya fue desarticulada por la Procuraduría General de la República (PGR).

 

José Cuitláhuac Salinas, titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), reveló ayer que uno de estos integrantes es medio hermano de Esiquio Martínez Hernández, ex secretario de acuerdos del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa, quien en una de sus cuentas bancarias registró movimientos superiores a los 432 millones de pesos.

 

Nehemías Cruz Hernández, quien hasta julio del año pasado era secretario de acuerdos del Juzgado Séptimo de Distrito en la misma materia y después estuvo adscrito al Juzgado de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región hasta junio del año pasado, realizó operaciones bancarias con recursos ilícitos junto con José Daniel Martínez Vasconcelos, hijo de Esiquio.

 

Salinas Martínez dijo que la PGR ofrece una recompensa de 2 millones de pesos por quien proporcione información que lleve a la captura de los ex funcionarios del Poder Judicial Federal y de Martínez Vasconcelos.

 

En rueda de prensa, el subprocurador particularizó que Esiquio Martínez realizó 87 operaciones con recursos de procedencia ilícita en la modalidad de invertir entre 2003 y 2010. También realizó dos transferencias: una por 14 millones de pesos y otra por 14.5 millones, de las cuales no pudo acreditar su procedencia licita.

 

Al ex funcionario del Poder Judicial se le acusa también del delito de enriquecimiento ilícito porque en ese periodo incrementó su patrimonio en un total de 50 millones 707 mil pesos, sin que este dinero fuera producto de su empleo como funcionario federal.

 

 

La tarea de la ex delegada

Al detallar la participación de los otros funcionarios y exfuncionarios públicos de nivel estatal y federal, que colaboraban con el Cártel de los Zetas, el responsable de la SIEDO dijo que la ex delegada de la PGR en esa entidad, Claudia González López, recibía 100 mil pesos mensuales por disminuir los delitos que se le imputaban a algún miembro de ese grupo, a fin de que lograra salir bajo fianza.

 

Mientras tanto, el jefe regional de la Agencia Federal de Investigación en Coahuila, Enrique González Nava, alias El Yaqui, era el encargado de la nómina entre el personal a su cargo que trabajaba para esa organización delictiva; su pago era de 600 mil pesos mensuales.

 

Por cuanto hace a Humberto Torres Charles, hermano del ex fiscal de Coahuila, Jesús Torres Charles, a quien se le identificaba como Glenda, era el encargado de mantener el control interno en esa fiscalía para que se desviara el curso de las investigaciones en contra de integrantes de ese cartel. Por esa actividad recibía 300 mil pesos.

 

Sergio Tobías Salas, El Tobogán, subdirector regional de la Fiscalía General de Coahuila, se encargaba de los operativos para transportar drogas y contrabando en los municipios de Piedras Negras, Ciudad Acuña, Monclova Torreón y Saltillo, le pagaban entre 100 y 150 mil pesos mensuales.

 

De los integrantes de la referida banda de protección a ese cártel, cuatro de ellos aún se encuentran prófugos: Humberto Torres Charles, José Luis Balbuena Flores, policía federal, Enrique González Nava y Nehemías Cruz Hernández. Otros cuatro se encuentran prófugos y cuatro más están arraigados.