La mitad de los candidatos que compiten por la gubernatura de Guerrero cuentan con protección de la Policía Federal para realizar sus recorridos de campaña ante las amenazas del Movimiento Popular Guerrerense (MPG) de impedir los comicios y de la incidencia del crimen organizado en varias regiones de la entidad.

 

De acuerdo con la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), cuatro de los ocho aspirantes solicitaron escoltas al gobierno federal para cuidarlos durante las campañas electorales que iniciaron el cinco de marzo y culminarán el tres de junio.

 

“En atención al ofrecimiento formulado por el Comisionado Nacional de Seguridad a los candidatos a la gubernatura del estado de Guerrero, a partir de esta fecha se han destinado elementos para la custodia de cuatro aspirantes”, informó la dependencia en un comunicado.

 

A los candidatos Luis Walton Aburto, de Movimiento Ciudadano; Héctor Astudillo Flores, coalición del PRI-PVEM; Karime Sevilla, Nueva Alianza, y Raymundo Nogueda Analco, del Partido Encuentro Social, les fueron asignados personal de la Policía Federal para encabezar las acciones de logística y seguridad a lo largo de su campaña.

 

La Comisión de Seguridad Nacional está a la espera de que Beatriz Mojica, candidata del PRD; Jorge Camacho, PAN; Pablo Amilcar, Morena, y Alberto López Rosas, del Partido Humanista acepten o declinen la protección ofrecida por las fuerzas federales.

 

“El Gobierno de la República reitera su voluntad de proteger a los candidatos a puestos de elección popular, con la finalidad de que el proceso electoral se desarrolle en armonía democrática”, aseguraron.

 

 

Polarización social

 

En los últimos meses Guerrero se ha convertido en el epicentro de una rebelión social y en un foco rojo debido a los altos índices de violencia que persisten en diversas zonas.

 

Durante el desarrollo del proceso electoral del siete de junio convergerá la exigencia del Movimiento Popular Guerrerense, creado a raíz de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, para suspender los comicios con los altos índices de inseguridad que colocan a Acapulco, Chilpancingo e Iguala entre los 20 municipios más violentos de México.

 

El MPG advirtió a los candidatos que impediría la realización de mítines en lugares públicos y rechazaría cualquier tipo de propaganda o recorridos de aspirantes de todos los partidos.

 

La violencia también cobró una víctima directa en el proceso electoral: Aidé Nava González,  precandidata del PRD a la alcaldía de Ahuacuotzingo fue ejecutada y sus restos abandonados en un paraje.

 

Además, Marisela Morales, consejera presidenta del Instituto local electoral, reconoció, durante una reunión con la sociedad civil de Acapulco, que en las zonas de la montaña y tierra caliente no existen condiciones para organizar los comicios.

 

En los distritos locales de Tlapa de Comonfort, Chilpancingo y Tixtla, advirtió, se carecen de las condiciones sociales y de seguridad mínimas para el desarrollo de los comicios. Una muestra es que en esas localidades las oficinas electorales siguen tomadas y la autoridad electoral es prácticamente inexistente.

 

Pide PAN garantías

 

Por Estéfana Murillo

 

El PAN en el Senado de la República, a través de su coordinador Fernando Herrera Ávila, demandó garantías de transparencia y legalidad para el proceso electoral en curso, al afirmar que están observando en el PRI “las mañas de siempre”.

 

Luego de que la dirigencia nacional de su partido denunció que el Partido Revolucionario Institucional (PRI), mantiene prácticas ilegales y fraudulentas, el líder parlamentario de Acción Nacional también mostró su preocupación de que los comicios no transcurran bajo los principios de legalidad.

 

“Evidentemente con el PRI se dan las mismas mañas, las mismas costumbres se han venido repitiendo, chango viejo no aprende maroma nueva, y son exactamente las mismas prácticas”, declaró.

 

En ese sentido, a nombre de su bancada hizo un llamado a que se hagan valer las recién aprobadas reformas en materia político electoral a fin de que se garantice entre otros, la fiscalización en tiempo real de los recursos ejercidos en campañas.