La propuesta de reorganización del gobierno presentada por Enrique Peña Nieto comprende la desaparición de dos secretarías, Función Pública y Seguridad Pública, cuyas actividades quedarían a cargo de la Comisión Nacional Anticorrupción y la de Gobernación; y la creación de una nueva, la de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, que remplazaría a la Secretaría de la Reforma Agraria.
El presidente electo entregó a los coordinadores del PRI en la Cámara de Diputados y el Senado, Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa, respectivamente, las iniciativas para crear la Comisión, lograr la reforma que desaparece a la SSP, convertir la Secretaría de Desarrollo Social en la responsable de combatir la pobreza y transformar las de Gobernación y Desarrollo Agrario.
Peña Nieto dijo que durante la campaña presidencial anunció la creación un organismo encargado de combatir la corrupción. La Comisión que propone tendría autonomía constitucional, como el IFE o la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con facultades para investigar y sancionar actos de corrupción de los tres niveles de gobierno y de los tres poderes de la Unión, a partir de denuncias ciudadanas.
En la propuesta se indica que podrán ser sujetos de investigación tanto los funcionarios como particulares que pretendan beneficiarse de actos desleales. De igual forma, en la iniciativa se establece que los estados y el Distrito Federal están obligados a formar sus propias comisiones especializadas en el combate a la corrupción.
También se propone la creación de un Consejo Nacional por la Ética Pública, este grupo estará formando por representantes de todos los niveles de gobierno en el país e integrantes de la sociedad civil. El objetivo es crear acciones y políticas públicas que contribuyan a formar una ética en el servicio público con transparencia y honestidad.
Al desaparecer la Secretaría de la Función Pública, todas las atribuciones en materia de políticas de control gubernamental y desarrollo administrativo estarán a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Las reformas en materia administrativa significan el redimensionamiento de tres secretarías: Gobernación ahora tendrá a su cargo la seguridad interna y ejercerá el mando de la Policía Federal, también estará encargada del resguardo de nuestras fronteras y las tareas de Protección Civil.
“Esta secretaría será la encargada de la prevención del delito y de apoyar a los municipios que lo requieran. Esto implica que desaparece la Secretaría de Seguridad Pública (SSP)”. La dependencia de Bucareli será la que coordine las acciones en materia de derechos humanos.
Por su parte, la Secretaría de Desarrollo Social se fortalecerá para generar condiciones que refuercen la cohesión y la convivencia ciudadana. Esta dependencia social continuará con el impulso de los programas de combate a la pobreza, pero también se le agregarán los organismos que actualmente impulsan políticas a favor de las comunidades marginadas, pueblos y comunidades indígenas, niños y adolescentes, mujeres, jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad.
La Secretaría de la Reforma Agraria pasaría a ser de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, que continuará con la tarea de resolver conflictos agrarios del país; pero también impulsará políticas con jurisdicción en todo el país para el crecimiento y planeación de los asentamientos humanos, el desarrollo urbano y la vivienda.
El presidente electo aprovechó la presentación de estas iniciativas para felicitar a los legisladores por la aprobación de la reforma laboral y la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Pidió a todos los grupos parlamentarios de ambas cámaras que estas iniciativas se aprueben pronto por el bienestar y desarrollo de México.
DESAPARECEN
Secretaría de la Función Pública
Secretaría de Seguridad Pública
Secretaría de la Reforma Agraria
ASUME FUNCIONES
Comisión Nacional Anticorrupción, que dependerá de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Secretaría de Gobernación
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
SE FORTALECE
Secretaría de Desarrollo Social, que absorberá organismos que apoyan diversos tipos de sectores marginados, como comunidades pobres, pueblos indígenas, adultos mayores y discapacitados
Similitudes y diferencias
Las tareas de gobernanza, diálogo político y seguridad nacional no siempre están concentradas en un ministerio, como sucedería en México en caso de aprobarse la reforma propuesta por Enrique Peña Nieto. Estos son algunos ejemplos:
Estados Unidos, bajo el control de la Casa Blanca operan los asuntos de seguridad nacional, el consejo de política doméstica, el asesor de seguridad nacional y el jefe de gabinete. El departamento de Seguridad Interna, creado a raíz de los atentados del 11 de septiembre de 2001, se encarga de prevenir y neutralizar ataques terroristas, proteger a los ciudadanos y la infraestructura del país y responder a cualquier incidente que se presente. Bajo su mando tiene agencias como Aduanas, la Guardia Costera, el Servicio Secreto y la Administración para la Seguridad en el Transporte.
Francia: El Ministerio del Interior concentra tanto las actividades de seguridad nacional como el diálogo con los gobiernos provinciales, los prefectos de cada región, especie de delegados del gobierno, pertenecen a esta rama. A su cargo están la gendarmería, la policía nacional, la defensa civil. También se encarga de emitir documentos como las tarjetas de identidad y pasaportes, y de la relación con las iglesias.
Reino Unido: El Ministerio del Interior se encarga de los asuntos relacionados con inmigración, la seguridad nacional (incluyendo el MI5 que realiza labores de inteligencia), y la seguridad ciudadana. Al Ministerio de Justicia le corresponden los asuntos referentes al sistema penitenciario y la administración de justicia.
España: El Ministerio del Interior se encarga de la seguridad ciudadana, incluyendo la seguridad vial y protección civil, la seguridad del Estado, además de la administración de las instituciones penitenciarias y la organización de los procesos electorales. El Ministerio de Justicia se encarga de la ejecución de la política del gobierno para el derecho penal, civil, mercantil y procesal; garantizar el derecho a la libertad religiosa, de los títulos de nobleza, además organiza y apoya en la administración de justicia.
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