GUATEMALA. En un giro sorprendente, la Procuraduría General de la Nación pidió al presidente guatemalteco Otto Pérez Molina que presente su renuncia mientras miles de personas marchaban el jueves hacia el Palacio de Gobierno en medio de una huelga general que mantiene paralizado al país.

 

En un escueto comunicado difundido la noche del miércoles la Procuraduría, que representa jurídicamente al Estado, le solicitó al mandatario “presentar su renuncia al cargo con el fin de evitar la ingobernabilidad que traiga como consecuencia la inestabilidad de la nación“.

 

La Procuraduría no es la única institución del Estado que ha dado un paso adelante al pedirle al presidente que renuncie. Algunas han ido más allá y se han sumado de manera activa al paro nacional.

 

La Contraloría General de Cuentas, el ente auditor de las cuentas del Estado, exhortó en un comunicado a que “en aras de mantener la paz social y ante las demandas de distintos sectores de la población, presente de manera inmediata su renuncia… para evitar mayores incidentes sociales” y autorizó a sus empleados a participar de la huelga.

 

Ambas instituciones se sumaron a la universidad pública que suspendió sus actividades y convocó a la que se espera sea la marcha principal del día, que partió desde sus instalaciones y llegará al Palacio de Gobierno donde confluirá con las convocadas por las universidades privadas, que tampoco abrieron sus puertas. Organizaciones campesinas del interior del país y diversos sindicatos también marchan junto a los estudiantes.

 

“La evidencia de la corrupción es tan insoslayable que no ha quedado otra opción que lo que se está haciendo. La lógica de la corrupción y los datos que se han conocido sumada al cinismo político de algunos resulta insostenible para la población. Nosotros apostamos por el pueblo”, dijo a The Associated Press Eduardo Valdés, rector de la universidad jesuita Rafael Landívar.

 

En el mercado San Martín, uno de los más grandes de la ciudad y que abre desde la noche, la mitad de los puestos estaban cerrados.

 

Pese a que el Comité Coordinador de Asociaciones Comerciales, Industriales Financieras y Agrícolas de Guatemala, la organización empresarial más importante del país, pidió la renuncia del presidente hace una semana, no se ha sumado al paro nacional. Pero el pequeño comercio y la distribución adhirieron a la huelga.

 

“Está todo medio parado, los que madrugan a traer mercancía no han llegado, mis hijos no fueron a estudiar, el bus venía vacío, faltaron transportes”, dijo a AP Jorge Orozco, de 51 años, mientras colocaba cervezas en un refrigerador en el Mercado Central, que funcionaba a medias.

 

Durante la tarde y la noche del miércoles dio inicio una reacción en cascada de apoyo a la movilización. Decenas de empresas privadas llamaron al paro y anunciaron que cerrarían el jueves a través de carteles e imágenes publicadas en sus cuentas de redes sociales.

 

Una papelería en el centro de la capital ofrecía cartulinas a mitad de precio con el eslogan #Yopormiguate.

 

Un periodista de AP pudo observar menor movimiento en las calles y la ausencia de buses del transporte público. El Palacio de Gobierno, frente al que desde la madrugada se instalaron grupos de campesinos, estaba custodiado por una barrera de policías.

 

El paro y las marchas ocurren en medio de una intensa crisis política. El miércoles, la ex vicepresidenta Roxanna Baldetti fue enviada a prisión y la Corte Suprema solicitó al Congreso que se le retire la inmunidad al presidente Pérez Molina para poder juzgarlo por el mismo escándalo que a Baldetti.

 

Según la acusación de la Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la ex vicepresidenta recibió 50% de los sobornos que supuestamente recaudaba una estructura criminal integrada por funcionarios y particulares que gestionaban comisiones a cambio de evadir impuestos.

 

Desde el viernes y tras las denuncias de corrupción, 13 altos funcionarios -entre ellos siete ministros- renunciaron a sus puestos incluyendo el embajador ante las Naciones Unidas Fernando Carrera.

 

Los fiscales dijeron que en el caso hay 100 personas investigadas, al menos la mitad en prisión desde el 16 de abril cuando se destapó el escándalo. Baldetti renunció el 8 de mayo.