Los priistas no se rebelaron en grupo ante la designación de Enrique Ochoa Reza como su nuevo dirigente nacional, pero ya lo están presionando.

 

Y lo hacen, muy a su estilo: sin prensa, en espacios privados, en oficinas a puertas cerradas; unas veces de tú a tú, otras en grupo; de manera verbal o con carta de por medio.

 

Hay varias constantes en sus reclamos luego de las derrotas sufridas el 5 de junio pasado:

 

-Subrayan la responsabilidad que tuvo el propio partido –comenzando por su jefe máximo, Enrique Peña Nieto– “por dejar de ser incluyente y no cuidar a su militancia, por alejarse de importantes aliados y por no abanderar causas ciudadanas”.

 

–Refieren que la clase política “se siente excluida” del proyecto político del Presidente de la República. Reclaman que “muchos operadores panistas siguen en las oficinas gubernamentales; en muchos Estados, los espacios de gobierno que son claves para la gestión y la operación política están en manos de funcionarios panistas o de la oposición”.

 

–Y demandan la realización de una Asamblea Nacional este mismo año.

 

Este último punto, el de la Asamblea Nacional, es el más peliagudo, pues ahí no sólo convergen todos los temas que los priistas quieren tratar, sino que se pueden tomar todo tipo de decisiones sobre la vida partidista (recuérdense los candados que se impusieron en tiempos de Ernesto Zedillo para quienes aspiraban a la candidatura presidencial).

 

Riesgos de la Asamblea.- A los militantes del PRI les urge la Asamblea. Joaquín Hendricks, secretario técnico del Consejo Político, propuso el 20 de noviembre.

 

Carolina Monroy, secretaria general del partido –posición que comparte el grupo gobernante–, se manifestó porque la Asamblea se lleve a cabo hasta la primera quincena de enero, para poder llegar con “amarres” hechos (y de paso darle tiempo a Ochoa para que realice su recorrido de los cien días con el fin de darse a conocer).

 

No hay nada decidido sobre la fecha. Pero, sin duda, los principales temas de esa próxima Asamblea serán:

 

–La posibilidad de abrir temas como la selección democrática de candidatos. Desde su perspectiva, los métodos de selección de candidatos tienen que replantearse, pues adjudican parte de los tropiezos del 5 de junio a que los gobernadores tuvieron manga ancha para elegir candidatos (por encima del partido).

 

–Que se exijan asambleas “auténticas” de delegados y no seguir con éstas que dizque acaban en candidaturas “de unidad” y son absolutamente precarias; además de buscar la manera de que el perdedor no sea necesariamente desechado.

 

–La revisión objetiva y a fondo del efecto que han producido las reformas de Peña Nieto.

 

¿Que se corren riesgos en esa Asamblea? Sin duda.

 

“No va a ser una Asamblea más, se va a desbordar el priismo por más que intenten controlarlo, pero es mejor ir a la ofensiva y hacerlo pronto…”, apunta uno de sus emblemáticos militantes.

 

Gemas: corre la versión de que el Presidente quiere designar a un panista en la Secretaría de la Función Pública.