La desaparición de personas es un delito frecuente en Veracruz. Organismos internacionales y nacionales que lo confirman han advertido que en dicha entidad hay un alto porcentaje de impunidad y muchas veces las víctimas no denuncian por desconfianza a las autoridades o miedo a las represalias.
En Veracruz hay una lista de 675 personas desaparecidas, según el informe de Amnistía Internacional que fue revelado en enero pasado en base a cifras oficiales. Al menos 43 son casos de desaparición forzada, es decir que alguna autoridad fue la responsable, y la Policía local está relacionada en 16 homicidios, de acuerdo con información de la prensa local.
Por ello, no es extraño que la entidad que gobierna el priista Javier Duarte de Ochoa ocupe el primer lugar nacional de policías estatales que reprobaron los exámenes de control y confianza y siguen trabajando, de acuerdo con el organismo Ciudadanos por una Causa en Común que analiza las estadísticas oficiales.
El 34% de los policías no aprobados de la Secretaría de Seguridad Pública veracruzana se mantienen en sus puestos, como fue el caso de Marcos Conde Hernández, delegado en Tierra Blanca consignado después de que se dio a conocer su probable participación en la desaparición de cinco jóvenes de Playa Vicente, el 11 de enero pasado.
Uno de los modos de desaparecer personas es en fosas clandestinas.
El INEGI resalta que la cifra negra de delitos que no se denuncian en México es de 92.8%. En el caso de los desaparecidos, al no tener un cuerpo tampoco hay averiguación previa de oficio y muchas veces los familiares prefieren no denunciar los hechos.
En Veracruz hay presencia de diferentes células del crimen organizado, entre ellas Los Zetas, El Cártel del Golfo y recientemente del Cártel Jalisco Nueva Generación.
