Organizaciones civiles denunciaron que una presunta “red” de médicos de los hospitales de la Ciudad de México estaría facilitando que mujeres con más de doce semanas de embarazo son enviadas a clínicas privadas, donde les practican procedimientos quirúrgicos para abortar; lo anterior pese a que la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) sólo debe realizarse bajo lo estipulado por las modificaciones aprobadas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en 2007.

 

 

 

Una investigación realizada por las ONG Centro de Estudios e Información Integral de la Mujer Cancún, Alianza por el Derecho a la Vida, Cuna de Cartón y Frente Nacional por la Familia revela que dicha “red” de médicos vinculados al Sector Salud y a clínicas privadas se aprovecharía de una libre interpretación de la normativa creada hace diez años para practicar abortos a mujeres más allá de su tercer mes de embarazo y, además, sin proporcionarles asistencia psicológica especializada tras la intervención.

 

 

 

Mediante una consulta simulada por una paciente, menor de edad y con un embarazo de cuatro meses, las ONG constataron que el personal médico del Hospital Materno Infantil de Inguarán, en la Ciudad de México, recomienda a las mujeres a acudir a clínicas privadas, incluso a un centro operado por una asociación civil que se jacta de hacer mil 500 abortos por año.

 

 

 

De acuerdo a las organizaciones, la doctora, identificada como Laura, hizo la recomendación a la paciente de acudir con un doctor que, desde 2009, ha realizado abortos en una clínica privada y le asegura que todos los médicos operan de manera conjunta: “Todos estamos en la red, nada más que nosotros estamos en la Secretaría [de Salud]”.

 

 

Desde abril del 2007, después de que se legalizara en la Ciudad de México esta práctica en mujeres embarazadas con hasta doce semanas de gestación, el sistema de salud capitalino ha realizado 175,104 procedimientos de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) pero aún está sancionado cualquier aborto fuera de ese periodo y sólo hay exención de responsabilidad penal para situaciones extremas.

 

 

Ese marco legal no impide, sin embargo, que médicos del sector salud capitalino –como comprueba el testimonio obtenido por medio de la investigación- refieran a sus pacientes directamente a una red de ejecutores de abortos que, de acuerdo a la legislación vigente, realizarían procedimientos fuera de la ley.

 

 

“La causal de salud [para justificar un aborto] es muy amplia; incluso se habla que si una mujer pone en riesgo su futuro, ese sería un factor suficiente”, admite el personal de una clínica privada ubicada en la zona sur de la ciudad, a donde fue enviada una paciente ficticia que declaró ser menor de edad y con un embarazo en el segundo trimestre de gestación, y remata: “Si ella es menor de edad mayor riesgo tiene en su embarazo, no es lo suficientemente madura. Es uno de los argumentos que se pueden utilizar. Es un derecho de las mujeres”.

 

 

Las ONG constataron y verificaron los permisos sanitarios de dichas clínicas así como las cédulas profesionales del personal que atiende los ambulatorios, sin embargo, se reservaron el divulgarlos.

 

 

Pacientes defraudadas

 

Otro caso documentado por las ONG es el de Marilú N., madre de Odet, quien acudió al Hospital de Inguarán a finales de 2016: “Hace cuatro meses nos presentamos en el hospital. Al llegar empezaron a preguntarles cuántos meses [de embarazo] tenían; mi niña estaba por cumplir casi cuatro meses y la apartaron del grupo de otras que estaban en tiempo [doce semanas o menos]. Le dijeron que sí podían ayudarles a hacer el aborto y les dieron el nombre de hospitales alternativos”.

 

 

En la Ciudad de México existen diversas organizaciones especializadas en la práctica de la Interrupción Legal del Embarazo y el aborto; según sus promociones comerciales realizan procedimientos desde $1,900 y hasta $6,900 pesos. Sin embargo, afirman las organizaciones, este tipo de clínicas privadas violarían la ley si realizaran abortos después de las doce semanas de embarazo.

 

 

Según lo documentado, en consulta telefónica, asesores de estos centros coincidieron con el personal médico de la clínica a donde fue referida la paciente: “Sí existen algunas causales por las que una mujer puede llegar a interrumpir su embarazo después de las doce semanas”. Y explica: “Por ley no podemos interrumpir el embarazo de más de doce semanas, pero sí hay causales por las cuales nosotros podríamos ayudar a una mujer de más de doce semanas. Pero, para nosotros ampararnos, tendríamos qué valorarla y ver si existe alguna causal y, si existe, adelante. El costo lo da el médico”.

 

 

El aborto de la menor de edad costó 4 mil 500 pesos, pero eso no terminó con la preocupación de Marilú pues, desde ese momento, su hija ha presentado rasgos de depresión. Madre e hija consideran que el gobierno capitalino debe proveerles algún tipo de asistencia psicológica pues, al final, fueron médicos del sector público quienes recomendaron las clínicas abortistas.

 

 

La cantidad de mujeres que han sido canalizadas por esta red de médicos del sector salud a clínicas privadas es desconocida, ya que el Sistema de Información de Interrupción Legal del Embarazo no proporciona datos sobre las embarazadas con más de doce semanas de gestación referidas a servicios particulares, ni de la cantidad de abortos realizados por consultorios privados.

 

 

Para el gobierno, casos como los de Odet N. son inexistentes: “El gobierno se hizo el desentendido de todo lo que pasó después”, relata su madre. De acuerdo a documentos entregados por la ONG, la Secretaria de Salud del Gobierno de la Ciudad de México confirmó a través de su portal de transparencia por la consulta registrada por el equipo de investigación bajo el expediente 01080000877717 que las mujeres a las que les practican la ILE no reciben apoyo psicológico.

 

 

Marilú N. pide una explicación a las autoridades sanitarias de la Ciudad de México del porqué canalizaron a su hija para abortar en esas clínicas privadas: “Sí le afectó demasiado [el aborto]; y aunque sé que es responsabilidad de ella, si el gobierno está auspiciando esto pues debería darle seguimiento. No entiendo por qué el gobierno te ofrece un apoyo y te envía a otro lado a donde te van a cobrar. A menos que les estén dando una comisión”.

 

 

Para Marilú, la experiencia es una historia de abuso, engaño y privación de la vida a un ser humano en desarrollo a costa del sufrimiento de su hija como madre gestante, sin apoyos y sin cuidados posteriores al procedimiento: “

 

 

 

Frases

 

“Nos sentimos defraudadas, porque creemos que el gobierno no le toma la importancia necesaria de todas esas niñas que pasan por esa situación. No hay control y es una negligencia”

 

Marilú N.

 Madre de una paciente

 

 

“Vaya con el doctor que está en Villa Coapa, por el metro Taxqueña, es mejor. Yo le recomiendo que vaya con él, le voy a dar su teléfono”

 

Laura

Doctora en el Hospital de Inguarán