La Presidencia de la República deberá hacer público el documento, por el cual, Enrique Peña Nieto canceló la licitación del Tren de Alta Velocidad México-Querétaro, además del fundamento legal para ejercer dicha acción.

 

De acuerdo con el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), un ciudadano interpuso un recurso de revisión ante el IFAI, turnado a la comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos, en el que impugnó la incompetencia manifestada por Presidencia de la República.

 

En el análisis del caso, la comisionada ponente indicó que al realizar una búsqueda pública de información, se localizó un boletín emitido por la SCT, en el cual se señala que el Presidente de la República tomó la decisión de dejar sin efecto el fallo de la licitación del Tren de Alta Velocidad México-Querétaro y que, adicionalmente, instruyó al titular de la secretaría reponer la convocatoria.

 

La Oficina de la Presidencia de la República, a través de la Jefatura de la Oficina de la Presidencia y la Secretaría Particular del Presidente, dijo la comisionada, son las unidades administrativas competentes para conocer de lo solicitado, toda vez que éstas se encargan de dar puntual seguimiento a las órdenes y acuerdos que instruya el Ejecutivo Federal, así como de atender las comunicaciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal al Presidente y transmitir los acuerdos e instrucciones que el mismo determine.

 

Al exponer el recurso ante el Pleno, la comisionada ponente recordó que dicha obra, de acuerdo con la propia SCT, tendrá un costo de inversión de 37 mil 569 millones de pesos.

 

A su parecer, “el asunto es de gran interés, tanto por los recursos que implica el desarrollo de este proyecto, como por el impacto que generará en materia de infraestructura y comunicaciones para nuestro país. Por lo tanto, es importante que este proceso se conduzca de manera transparente”.

 

Ante ello, el Pleno del IFAI revocó la respuesta de la Presidencia de la República y le instruyó a transparentar el documento que dé cuenta de la instrucción dada por el Presidente de la República para la cancelación de la licitación del Tren de Alta Velocidad México-Querétaro y el fundamento legal de dicha acción.