Seis de los siete grupos parlamentarios que integran la Cámara de Diputados presentaron este fin de semana una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con la que buscan echar abajo los alcances sobre las coaliciones electorales, que ellos mismos aprobaron en mayo pasado.

 

 

Con excepción del PAN, los grupos parlamentarios consideran que la fracción 13 del artículo 87 de la Ley General de Partidos Políticos (LGPP) -que aprobaron diputados y senadores hace un mes- trasgrede la democracia y el “derecho a que las minorías se conviertan en mayorías”.

 

 

Sin embargo, según el coordinador del PRD, Silvano Aureoles, reconoció que la tarde del pasado 14 de mayo votó a favor de la LGPP junto con 70 de sus compañeros perredistas, en el marco del primer periodo extraordinario del Congreso de la Unión. Es decir, votaron la ley y ahora la pretenden cambiar.

 

 

Incluso, el proyecto fue discutido al interior de la comisión de Gobernación, donde los legisladores perredistas Fernando Belauzarán y Lizbeth Rosas Montero fungen como secretarios de este grupo de trabajo. Ellos también votaron a favor.

 

 

 

Del mismo modo, la fracción priista estuvo consciente de la propuesta sobre la LGPP, que sustituiría, en parte, al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe).

 

 

La fracción priista registró todos sus votos a favor de la reforma constitucional, que daría legalidad a las próximas elecciones intermedias, según manifestó su líder, Manlio Fabio Beltrones, quien ese 14 de mayo también votó a favor.

 

 

Las únicas bancadas que votaron en bloque y en contra fueron Movimiento Ciudadano y el Partido del Trabajo, así como 12 perredistas, entre ellos Edilberto Algredo, Gloria Bautista y Alejandro Carbajal.

 

 

También Socorro Ceseñas, Yazmín Copete, Elizabeth Guzmán, Roberto López Rosado, Eloy Martínez,  Reymundo Nájera, Domitilo Posadas, Guillermo Sánchez y Humberto Vega.

 

 

Estas modificaciones al artículo 87 de la LGPP fueron avaladas por 391 legisladores de las fracciones del PRI, PAN, PVEM, Panal y una parte del PRD.

 

 

 

El nuevo ordenamiento se publicó el pasado 23 de mayo en el Diario Oficial de la Federación (DOF), por lo que dichas disposiciones están vigentes, incluido el artículo 87, que habla sobre la distribución de votos en coaliciones.

 

 

El espíritu de esta acción de inconstitucional radica en el reparto de los votos cuando un candidato sea propuesto por una coalición de partidos políticos. Los ministros de la Corte deberán definir si los votos conseguidos por un candidato serán distribuidos de manera proporcional a los partidos políticos que signen la alianza electoral o sólo serán válidos para el aspirante.

 

 

 

La semana pasada

 

 

A pesar de haber aprobado los cambios a la LGPP en mayo, el jueves, durante el segundo periodo extraordinario de sesiones, Alejandro Moreno, presidente la comisión de Gobernación, explicó que una nueva modificación legal “fortalecería y daría certeza a los partidos que sostienen una coalición en el escrutinio y cómputo de los votos”.

 

 

A esta propuesta se unieron los grupos parlamentaros del Panal, PT, MC, Verde Ecologista, PRD y PRI, quienes armaron un bloque en contra de los legisladores de Acción Nacional, quien mantiene su respaldo a la enmienda avalada hace un mes.

 

 

 

Partidos parásitos

 

 

El panista Fernando Rodríguez Doval descartó que su fracción se oponga a la reforma, pero resaltó su descontento porque haya “partidos parásitos” que utilicen los votos de otros partidos para obtener recursos del pueblo.

 

 

Explicó, que se desconocieron los acuerdos desde la construcción de las reformas político-electorales debido a que siempre se habló que no habría ninguna modalidad en la transferencia de los votos. “Si esta reforma hubiera existido, el Verde hubiera dejado de obtener 115 millones de pesos”, dijo desde la tribuna.

 

 

 

En respuesta, el vicecoordinador del PRI, Héctor Gutiérrez de la Garza, dijo que “en los acuerdos no puede haber calificativos y menos un chantaje sobre otras reformas, como lo está haciendo el PAN ahora”.

 

 

Partidos como el Panal, PT, MC y Verde Ecologista señalaron que esta nueva disposición no les conviene debido a la pérdida de votos que representa, además de que también les impactaría en la distribución de prerrogativas.

 

 

Esta nueva disposición, incluso, generaría una nueva distribución entre los grupos parlamentarios en el Congreso de la Unión y en los congresos locales, sin tomar en cuenta que los candidatos ciudadanos también quedarían en desventaja, ya que los votos que pudiera generar no serían en beneficio de partido alguno.

 

 

 

La discusión quedó en un impasse cuando en el Senado de la República se clausuró este segundo periodo extraordinario sin abordar este tema.

 

PRD promoverá extraordinario para modificaciones electorales

 

 

El coordinador del PRD en el Senado, Miguel Barbosa Huerta, solicitará el próximo miércoles, durante sesión de la Comisión Permanente, la apertura de un tercer periodo extraordinario de sesiones, a fin de concluir las modificaciones al  artículo 87 de la Ley General de Partidos Políticos, tema que quedó pendiente tras el cierre de la sesión extraordinaria del pasado jueves.

 

 

A través de un comunicado, el líder parlamentario aseguró que su fracción parlamentaria no permitirá que el Senado sea “rehén” de “acuerdos a conveniencia”, que han dejado –dijo- un alto costo político a la Cámara alta, una vez que PRI y PAN votaron por el cierre de la sesión sin haber desahogado los asuntos inscritos en el orden del día, particularmente las modificaciones a la legislación electoral en materia de coaliciones.

 

 

De no modificar la Ley de Partidos Políticos antes del 30 de junio, las nuevas disposiciones en materia de coaliciones no serían aplicables para los procesos electorales federales de 2015.

 

 

Ello implicaría que en los próximos comicios, los votos en los que se hubiesen marcado más de una opción de los partidos coaligados contarían como un solo voto para el candidato y no podrían ser tomados en cuenta para la asignación de representación proporcional y prerrogativas.

 

 

En caso contrario -de lograr culminar las modificaciones del artículo 87 de la Ley General de Partidos Políticos-, la suma de los votos sería distribuida igualitariamente entre los partidos que integren una coalición. Es decir, cuando un ciudadano al votar por el candidato de una coalición marque más de un logo de los partidos que la conforman, los votos además de ser para el postulado se dividirán de manera igualitaria entre los partidos que la integran. Con ello, el cómputo de votos sería la base para la asignación de representación proporcional u otras prerrogativas.

 

 

 

A la Corte

 

 

En este contexto, Barbosa Huerta agregó que el PRD interpondrá una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el artículo 87 de la Ley General de Partidos respecto a las coaliciones electorales, que por “caprichos políticos” el Senado no logró concretar.

 

 

Explicó si el artículo 87 de la Ley General de Partidos Políticos es invalidada por resolución del Pleno de la SCJN, el efecto sería su inaplicabilidad, pero seguiría pendiente por parte del Congreso de la Unión resolver con claridad las reglas para establecer el cómputo de votos a los partidos políticos que participan en coaliciones electorales.

 

 

El líder de los senadores perredistas dijo que el chantaje no puede ser lo que prevalezca en el Congreso como práctica política, razón por la cual su fracción parlamentaria promoverá las modificaciones del citado ordenamiento electoral para esta semana, acompañando su propuesta con una acción de inconstitucionalidad.

 

 

La acción de inconstitucionalidad es un mecanismo por el que se impugna una norma de carácter general por considerar que trasgrede lo estipulado en la Constitución y, para ello, se requeriría la firma de una tercera parte de los senadores (al menos 42); sin embargo, la izquierda en el Senado suma apenas 28 integrantes.