La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) efectuó durante el 2016 un Programa de Implementación del Régimen Constitucional de Responsabilidad Ambiental, el cual permitió la presentación de 676 denuncias penales ante el Ministerio Público Federal (MPF) de la Procuraduría General de la República.

 

Esto luego de que la Constitución y la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental ordenan a todas las autoridades del Estado Mexicano, incluida la Profepa a investigar el daño y el deterioro del ambiente y determinar cuando una persona o una empresa sean responsables de tales afectaciones.

 

La institución fue facultada también para demandar ante los Jueces federales la imposición de multas de hasta 40 millones de pesos y del embargo de bienes y recursos financieros para garantizar la tutela del medio ambiente.

 

Asimismo, durante este año se implementó un protocolo para grandes delincuentes ambientales que ocasionan daños al entorno y resisten los mandamientos de la Profepa, por lo que actuó en dos casos promoviendo acciones judiciales de responsabilidad ambiental con las que se demandó la imposición de multas de hasta 40 millones de pesos y la orden de reparación del año por el Poder Judicial.

 

“De estas acciones ya conocen los Jueces federales a los que en el 2015 el Consejo de la Judicatura Federal les confirió la jurisdicción ambiental especializada”.

 

Mientras que para atender a las víctimas en materia ambiental, la PROFEPA suscribió un convenio con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y emitió nuevos criterios internos para atenderlas en el procedimiento administrativo, reconociendo su interés legal en las actuaciones de la Procuraduría.

 

Indicó que para fortalecer la capacidad probatoria institucional, contrató y capacitó a un grupo de peritos de tiempo completo en las materias de criminalística, daño forestal, impacto ambiental y biología a efecto de desarrollar y profesionalizar las pruebas científicas que utiliza la institución en los procedimientos administrativos, penales y judiciales.

 

“Con estos peritos se inicia una nueva etapa de investigación científica del daño y el deterioro del medio ambiente, con el objeto de determinar la responsabilidad e imponer las obligaciones de reparación que mandata la Constitución”.

 

 

 

OR