Luego de iniciar la demolición, este sábado, de una parte del Colegio Enrique Rébsamen –que se colapsó el 19 de septiembre pasado y donde fallecieron 19 niños y siete adultos– para permitir que vecinos de departamentos contiguos accedieran a sus domicilios, los padres de familia de ese plantel calificaron esta acción como favorable, pero externaron su preocupación de que haya alguna alteración a las áreas claves de la investigación.

 

“Esperamos que realmente la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México haya fundado su decisión en el interés y beneficio de las familias vecinas que no han podido acceder a sus domicilios desde el temblor y que no se trate de interferencia de la justicia destruyendo evidencia en complicidad”, manifestó Aníbal Mujica, vocero de los padres.

 

En tanto, el doctor Gerardo Osorio, padre de familia de uno de los ex alumnos del plantel, señaló que buscan que las cosas se esclarezcan y que salga a la luz quiénes son los responsables. “Eso nos interesa, que se sepa la verdad, es lo que hemos peleado, saber si hubo error, negligencia, corrupción”.

 

Por su parte, Javier Coello, abogado de la dueña del colegio, Mónica García, –actualmente prófuga, acusada por homicidio culposo de 26 personas y por el delito de uso de documento falso–, consideró el actuar de la dependencia como una arbitrariedad.

 

“La defensa no ha podido revisar y tener acceso al inmueble para los dictámenes. Ellos han manejado por la libre toda la investigación con una serie de mentiras. Es un acto consumado, pero no cabe duda que para la Procuraduría del distrito no existe el estado de Derecho”.

 

Cuestionado sobre si van a proceder, el ex subprocurador de la PGR comentó que promoverán un amparo “ante un juez de distrito, porque no le notifican a nadie”.

 

Señaló que las reglas del debido proceso, implica cumplirlas como lo dispone el propio Código Nacional de Procedimientos Penales, para poder conducir a cualquier persona a un procedimiento conforme a las reglas previstas, “y no así, corrompiendo el Sistema Penal Acusatorio al pedir orden de aprehensión por un supuesto hecho que la ley no señala como delito grave y/o que amerite prisión preventiva oficiosa y por consiguiente, orden de captura con su consecuencia inmediata denostarla ante toda lo opinión y sociedad, rompiendo con el principio de presunción de inocencia.

 

“Coincidimos en pedir a las autoridades jurisdiccionales y de procuración de justicia, un proceso equilibrado para tener justicia”, expuso.

 

 

RECUENTO

Hasta ahora se han girado varias órdenes de aprehensión por el caso del Colegio Enrique Rébsamen

 

16 de octubre: Un juez de Control del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México libró dos órdenes de aprehensión en contra de Mónica García Villegas, directora y dueña del colegio por homicidio culposo así como uso de documento falso.

 

10 de noviembre: Un juez de la Ciudad de México giró una orden de aprehensión contra dos directores responsables de obra (DRO): Juan Apolinar Torales Iniesta y Juan Mario Velarde Gámez.

 

14 de noviembre: Un juez ordenó detener a Francisco Arturo Pérez Rodríguez, corresponsable de seguridad estructural del plantel, ya que avaló la constancia de seguridad estructural de la escuela.

 

 

 

*edición impresa 24 Horas

 

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