A las organizaciones civiles, dedicadas a la defensa de los derechos digitales y la privacidad en internet les preocupa que no exista transparencia sobre cómo los gobiernos de América Latina, incluido México, utilizan los software de espionaje comprados a Hacking Team y el riesgo de que éstos sean ocupados para espiar a disidentes y activistas.
Luego de conocerse que países latinos como México y Ecuador compraron equipos de recolección de datos, con la capacidad de espiar a miles de ciudadanos a través de sus smartphones, organizaciones como Derechos Digitales Capítulo América Latina, la Red en Defensa de los Derechos Digitales, Artículo 19 y Fundación Karisma, emitieron un posicionamiento conjunto y llamaron a los gobiernos a publicar cómo usan los sistemas.
El riesgo, consideraron, es que los gobiernos puedan invadir las computadoras y teléfonos de ciudadanos y obtener información privada sin límites ni restricciones.
En julio, cuando se descubrió que México sería uno de los principales compradores de sistemas de espionaje, los defensores de derechos digitales exigieron al gobierno realizar “esfuerzos para asegurar la transparencia de sus actividades de inteligencia, en particular relativos a la compra y tipo de utilización efectiva de tecnologías que permiten vigilancia informática, ante la posibilidad real de que sea utilizada para espiar a activistas y disidentes sin causa justificada”.
Pidieron evitar que los sistemas comprados violen la privacidad de los ciudadanos y transparentar “el objetivo de la compra de software, el presupuesto público gastado en cada caso y las garantías tanto legales como procedimentales para evitar la violación de derechos”.
Las 13 organizaciones civiles de América Latina rechazaron “la venta y adquisición de estos programas de vigilancia, que sin controles adecuados, ponen en riesgo los derechos humanos de la región”.