A través de un protocolo, la dirigencia nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) planea “limpiar la casa” de acciones ilegales de funcionarios, legisladores y militantes perredistas en todo el país.
Ante lo sucedido con José Luis Abarca, ex alcalde de Iguala, acusado de pertenecer al crimen organizado y de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del sol azteca se vio obligado a fijar candados a todos sus órganos de dirección, así como tomar medidas en los candidatos para la elección de 2015 para evitar que sean infiltrados por el crimen organizado y narcotráfico, pues no están exentos.
El documento de ocho páginas, denominado Protocolo del PRD para fortalecer la cultura de la legalidad y la ética política, contiene una serie de medidas que, según el líder nacional perredista, Carlos Navarrete, servirán -en primer lugar- para “limpiar la casa”, pues habrá cero tolerancia para sanción de las conductas y actividades ilegales de toda persona expuesta políticamente en el sol azteca.
Entre las medidas más relevantes que entran en vigor hoy es que el PRD dejará al Instituto Nacional Electoral (INE) la administración de los recursos públicos de las campañas electorales perredistas en 2015.
“La administración de todos los gastos de campaña electoral, ya sea federal o estatal, estará en manos del INE y los Órganos Electorales de los Estados, conforme a las instrucciones que al efecto den los órganos de finanzas del PRD, con comprobación inmediata”, indica el protocolo.
Asimismo, el PRD entregará toda la información de la que tenga conocimiento en la que se presuma la existencia de conductas delincuenciales a las instancias federales de lucha contra la delincuencia organizada: PGR, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y CISEN.
En este sentido, no serán candidatos internos a cargos de elección popular aquellos perredistas que hayan sido condenadas por delitos relacionados con el crimen organizado o de índole financiero.
El protocolo contiene la creación de un Sistema Nacional de transparencia en el PRD, donde mandata hacer pública la información financiera, patrimonial y de gasto del Comité Ejecutivo Nacional y de los Comités Ejecutivos Estatales del PRD.
Este sistema contendrá información pública de todos los ingresos y gastos, salarios, viáticos y viajes de los órganos directivos del partido. Además, mandata como obligatoria la declaración patrimonial anual de la principal estructura perredista, es decir los integrantes de los órganos de dirección del PRD.
En tanto, el CEN perredista se compromete a que de tener conocimiento de hechos presumiblemente delictivos o conductas antisociales de cualquiera de sus militantes, exigirá al señalado que se presente de inmediato a declarar ante instancias ministeriales. De negarse a comparecer, se le suspenderán sus derechos partidistas.
Finalmente, se crea la página nacional de transparencia, que con la ayuda de los ciudadanos mantendrá el control de precandidatos y candidatos a puestos de elección popular con el fin de verificar su reputación social y política.
Puntos relevantes
El PRD dejará al INE la administración de los recursos públicos de las campañas electorales perredistas en 2015
No serán candidatos aquellos perredistas que hayan sido condenados por delitos relacionados con el crimen organizado o de índole financiero
Sí existieran hechos presumiblemente delictivos o conductas antisociales, el PRD exigirá al señalado que se presente de inmediato a declarar ante el MP
El Sistema Nacional de transparencia mandata hacer pública la información financiera, patrimonial y de gasto del CEN y de los Comités estatales
El sistema contendrá información pública de todos los ingresos y gastos, salarios, viáticos y viajes de los órganos directivos del partido
Los dirigentes, funcionarios públicos y legisladores federales y locales presentarán su declaración patrimonial ante su órgano correspondiente.
El inicio formal de un proceso penal en contra de una persona expuesta políticamente será causa de la suspensión de derechos partidarios