El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRD asumió el control de su dirección estatal en Michoacán, con la instalación de un comando electoral que desarrollará una estrategia para recuperar la confianza ciudadana en las votaciones de 2015.

 

En su gira de trabajo por el estado, el presidente nacional del PRD, Carlos Navarrete, instaló formalmente el Protocolo para Fortalecer la Cultura de la Legalidad y la Ética Política en Michoacán, que contiene las medidas preventivas para impedir que cualquier persona con malos antecedentes sea candidato perredista.

 

Desde Morelia, en conferencia de prensa, el líder partidista anunció que a partir de ayer el CEN del sol azteca tendrá una presencia permanente en la entidad hasta que culmine el proceso electoral 2015 con la renovación de la gubernatura, Congreso local y 113 ayuntamientos.

 

“He venido para contribuir con la dirigencia estatal del PRD a procesar un mecanismo para elegir a nuestros candidatos a preparar la sesión del próximo 21 de diciembre, donde determinaremos los tiempos y las formas de elección de nuestros candidatos, y lo hago en medio de una situación difícil para el país y difícil para Michoacán”, dijo Navarrete, quien se reunió con integrantes de comités municipales, el Comité Estatal y Nacional del PRD para elaborar la estrategia electoral.

 

Aseguró que la situación que vive el territorio michoacano es difícil y aceptó que el sol azteca tampoco tiene una buena imagen en aquella entidad.

 

“El objetivo principal a lograr: que los michoacanos vuelvan a confiar en el Partido de la Revolución Democrática (PRD) para que lo hagan ganar en las elecciones”, sostuvo.

 

Por tal motivo, anunció que el candidato a gobernador del PRD en Michoacán será electo por la militancia, y solo la dirigencia nacional con el Comité Ejecutivo Estatal y el Consejo van a conducir el proceso electoral.

 

Sobre el caso de los normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos desde el pasado 26 de septiembre, exigió a la Federación que no cierre el expediente porque hay dudas o indicios que no se han investigado, toda vez que la Procuraduría, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el gobierno federal deben dar reportes y abrir expedientes para que se busque a los normalistas en todos los rincones de México.